El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ha calificado de «gravísimo» el problema del déficit de tarifa del sistema eléctrico y ha advertido de que, si no se toman medidas como las que prepara el Gobierno, el desajuste de este año podría alcanzar 4.000 millones de euros. «Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en las cuentas. Hemos recibido 24.000 millones de déficit eléctrico y cada año aumenta. Este año, 4.000 millones más. Tenemos que ajustar el déficit porque los ingresos son insuficientes para cubrir los costes», afirmó en una comparecencia el viernes ante la Comisión de Presupuestos del Senado.

La legislación establece que este año el déficit de tarifa no puede superar los 1.500 millones de euros y que en 2013 el sistema eléctrico debe dejar de ser deficitario. El Ministerio de Industria ha asegurado que se cumplirán estos objetivos. Marti sostuvo que el Gobierno tiene una política energética «definida y concreta», y que la resolución del déficit de tarifa es «prioritaria». Para ello, recordó que ya se han tomado medidas como la moratoria a las renovables, el recorte a la distribución de las eléctricas y, con el objeto de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, una subida del 7% de la tarifa eléctrica.

Pese a estas medidas, una de las partidas que puede disparar la deuda eléctrica de este año son los costes de la actividad eléctrica extrapeninsular, que rondan los 1.900 millones de euros y que el Gobierno ha rechazado cargar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que deberán ser sufragados a través de la tarifa. El secretario de Estado explicó que el déficit de las cuentas públicas impide que los PGE puedan asumir este año los costes extrapeninsulares. «Pero la ley dice que las extrapeninsulares irán a los PGE, y esto no lo invalida, si bien este año Hacienda ha dicho que no», afirmó.

Por su parte, Unesa ha arremetido contra un eventual establecimiento de una tasa de cinco euros por cada megavatio generado.  En su opinión se trataría «de una medida incongruente y discriminatoria» y que no se puede entender que se castigue por producir a precios competitivos. Además señala que la imposición supondría para las compañías de Unesa un recorte de 1.000 millones de euros a la generación dejaría a esta actividad en beneficio prácticamente cero. «En algunas tecnologías como los ciclos combinados, que sólo están trabajando a un 12% de su capacidad, la tasa incrementaría las pérdidas», añade la patronal eléctrica.