Los sindicatos abren un nuevo frente en su batalla contra la reforma laboral. Este viernes las centrales han trasladado a la Dirección General de Empleo su intención de impugnar todas las decisiones que tome la Comisión Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) en lo tocante a una de sus nuevas atribuciones: decidir cuando una empresa puede liberarse de las obligaciones pactadas en convenio.

UGT y CCOO comunicaron hoy viernes a la Dirección General de Empleo, dependiente del Ministerio de Empleo, su intención de impugnar todas las resoluciones que la citada Comisión tome cuando le toque decidir si una empresa puede dejar de aplicar un convenio colectivo.

Con esta medida, los sindicatos amplían su ofensiva contra la reforma laboral, que provocó una huelga general el pasado 29 de marzo, así como diversas concentraciones y protestas contra la nueva normativa y contra los recortes. Unas movilizaciones que se repetirán el próximo 20 de junio.

En esta ocasión, los sindicatos torpedean uno de los aspectos más controvertidos de la reforma. ¿Puede la Comisión emitir dictámenes de obligado cumplimiento? Los sindicatos opinan que no y en su lugar proponen otro ámbito donde decidir qué hacer cuando no hay acuerdo: el mecanismo de solución autónoma de conflictos.

Esta solución alternativa es fruto del pacto con los empresarios firmado el pasado 25 de enero, que incluía recomendaciones sobre moderacion salarial hasta 2014. Este jueves mismo, el líder de UGT, Cándido Méndez, volvió a criticar al Gobierno por “hacer trizas” lo firmado entre patronos y trabajadores con su reforma laboral.

Vulneración del derecho a la negociación colectiva

Las impugnaciones anunciadas por los sindicatos añaden incertidumbre a la aplicación de algunos aspectos de la reforma laboral. Ayer jueves la Comisión Europea recordó al Gobierno de Rajoy que existen aristas sin pulir de la reforma que probablemente terminen en el Tribunal Constitucional. Una de ellas es el período de prueba de 1 año previsto en el nuevo contrato de emprendedores que según la Comisión, puede convertirse en un contrato temporal sin ninguna protección. Algo que el Gobierno reconoce, aunque pide esperar un año para evaluar posibles correcciones, según dijo ayer la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.

Además de anunciar su intención de impugnar los arbitrajes, UGT y CCOO denuncian en su escrito la “inconstitucionalidad del otorgamiento de facultades decisorias” a la Comisión.

Las centrales consideran que ese nuevo poder de la CCNCC vulnera el derecho a la negociación colectiva que la Constitución reconoce en su artículo 37.1. Con este argumento, las centrales ya presentaron una denuncia ante la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que sin embargo, y para sorpresa de los sindicatos, decidió no actuar hasta que el Parlamento dé luz verde al texto definitivo, previsiblemente en junio.

En esta ocasión, los sindicatos advierten a la titular de Empleo, Fátima Báñez, que persistirán en sus denuncias ante la Defensora del Pueblo si el Parlamento no retira a la Comisión su nueva potestad.

Además, los sindicatos que dirigen Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez censuran al Gobierno su retraso al presentar este borrador de real-decreto ley que regula las funciones de la CCNCC. Según recuerdan los sindicatos, el borrador debería haber estado listo en el plazo de un mes desde la aprobación de la reforma laboral.

Por último, UGT y CCOO acusan al Gobierno de menospreciar su papel institucional al no haberles consultado durante el proceso de elaboración de la futura norma.

Para los sindicatos, el nuevo sistema de inaplicación de convenios colectivos “no respeta” la igualdad de las partes al menoscabar la representación de los trabajadores. Tampoco garantiza en su opinión la seguridad jurídica de forma suficiente, ni la contradicción y la información necesaria para apreciar las causas justificativas de la inaplicación de un convenio.