Todavía no está concluida  la normativa que establecerá las nuevas reglas para el sector eléctrico, pero el equipo responsable de la política energética del ministro de Industria, José Manuel Soria, tiene como objetivo básico acabar con el déficit tarifario que supera los 24.000 millones de euros y que en los meses transcurridos de este año ya asciende a más de los previsto para el conjunto de 2012. Es una meta que ha reiterado en numerosas declaraciones, por lo que en sí no es ninguna novedad. Pero los efectos de perseguir ese objetivo sí lo son. En esta línea, a lo largo de los últimos meses el ministerio ha solicitado a los operadores -eléctricas integradas, compañías de renovables, grandes consumidores y otros agentes- su opinión sobre los puntos más y menos relevantes que afectan al sistema, para lograr acabar con ese ‘agujero’ que enturbia el perfil de las empresas y se ha convertido en un problema de Estado.

A lo largo de este tiempo, después de que el ministerio anunciase una moratoria para las energías renovables y un recorte en la remuneración de la distribución, entre otras medidas, han aflorado otras posibles decisiones futuras para equilibrar las cuentas, ya sea a través de un aumento de ingresos o de una reducción de costes, para que el balance del sistema mejore en unos 4.000 millones. En este contexto, el ministerio ultima un incremento del peaje de generación, que creó el anterior Gobierno en octubre de 2010, que pasaría de los 0,5 euros por megavatio transportado al entorno de los cinco euros. Esta tasa afectaría a todas las tecnologías, incluidas las renovables, aunque las empresas más grandes, como son Iberdrola y Endesa, serían las más afectadas.

En esta línea se ha vuelto a manifestar hoy martes el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ha afirmado en Barcelona que el impuesto que está preparando el Gobierno para gravar la energía será un incremento «homogéneo y no discriminatorio«.

Será una medida que sustituya las previstas tasas a las centrales hidroeléctricas y nucleares, posibilidad que quedaría casi descartada De esta forma se evitarían los efectos de la artillería legal que las eléctricas tienen preparada sobre la base de la discriminación por tecnologías. Esta definitiva, en la elección del modelo de tasas puede tener peso el deseo del Ejecutivo de no presionar el sistema con incertidumbres legales.

Los cinco euros por megavatio supondrían un gravamen del 10% para las energías más competitivas, que cuestan alrededor de 55 euros-megavatio,  y, sin embargo, supondrían apenas un 1% para las tecnologías más caras del régimen especial (las solares), según la patronal Unesa. Y para  las compañías que forman parte de la asociación se traducirían en una disminución de 1.000 millones de euros a la generación, por lo que dejarían la actividad en beneficio casi cero. Mientras, los ciclos combinados incrementarían sus pérdidas.

Este aspecto se complementaría con otros, más o menos polémicos, aunque previsiblemente el más conflictivo sería bajar el umbral de consumo para poder acceder a la llamada tarifa de último recurso (TUR). Afectaría a millones de consumidores domésticos que tendrían que enfrentarse a la negociación con las comercializadoras eléctricas en un mercado en el que todavía hay una escasa competencia.