El principal objetivo es apoyar a Repsol, pero las enmiendas que el Grupo PP del Senado ha presentado y que se introducirán en la Ley del Mercado de Valores también pueden ser un paraguas para proteger todas las empresas en Bolsa. Frente a la conocida ‘enmienda Florentino’ que eliminó en 2010 la posibilidad de limitar el derecho de voto de cualquier accionista, una de las enmiendas que el Gobierno ha propiciado ahora recupera la facultad de que las cotizadas se blinden para impedir que un socio no deseado controle una compañía con una participación sustantiva pero no mayoritaria. Ahora prácticamente sólo Iberdrola y Telefónica, entre las más grandes, mantienen los blindajes ya que han apurado al máximo el periodo transitorio que se fijó para eliminarla.

Además las modificaciones presentadas por el  Grupo Popular fija tres situaciones en las que las opas pueden ser revisadas y controladas por los organismos reguladores. Una de ellas apunta a que los precios de cotización de los valores a los que se lance la oferta presenten claros indicios de manipulación; la segunda posibilidad es que el precio de la sociedad opada se haya visto afectado por acontecimientos excepcionales como catástrofes naturales, guerras o  haya sido objeto de  una expropiación, confiscación u otra circunstancia similar que altere el valor real patrimonial. Este punto es el que con nitidez tiene como meta la protección de REE y más de Repsol, que ha bajado más del 40% por la nacionalización de YPF.

La meta de la enmienda se complementa con un punto que indica que cuando concurra una de estas circunstancias dentro de los dos años anteriores al anuncio de la oferta, el que realice la opa tendrá que aportar un informe de un experto independiente sobre los criterios de valoración aplicados para determinar el precio ofrecido. En este informe, se deberán incluir el valor medio del mercado en un determinado periodo, el valor liquidativo de la sociedad, el teórico contable de la sociedad y otros criterios que salvaguarden los derechos de los accionistas.

Además, si la oferta se formula como canje de valores, se deberá incluir como alternativa un precio en efectivo equivalente financieramente al canje ofrecido, como mínimo. El objetivo es proteger a los accionistas minoritarios. También ése es el próposito de la recuperación de los límites de derecho de voto ya que se produce en una etapa en la que la mayor parte de las empresa del Ibex cotizan a menos de la mitad de hace tres años. El temor a opas masivas ha sido expuesto por más de un presidente de compañías del selectivo. Y, aunque esta medida se produce cuando se han celebrado gran parte de las juntas de accionistas, se podrían convocar juntas extraordinarias.

No obstante, estas limitaciones quedarían sin efecto cuando, en el caso de opa, el que haya lanzado la oferta haya alcanzado un porcentaje igual o superior al 70 % del capital, lo que le conferiría esos derechos de voto. «Con todo ello, se consigue que las empresas puedan impedir que un accionista con un porcentaje relevante pueda controlar por si solo la sociedad, pero se permite que haya ofertas públicas de adquisición de las que se podrían beneficiar todos los accionistas», añade el texto de la iniciativa.