La patronal CEOE ha reclamado a las fuerzas políticas que abaraten aún más el despido, cuando se cumplen los últimos pasos de la reforma laboral en el Senado. El director de Relaciones Laborales de la patronal, José María de la Cavada, ha pedido así que se compensen los mayores gastos previstos por la judicialización de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

De la Cavada explicó en Baleares que, tras los cambios de la reforma, los ERE presentados sin acuerdo entre el empresario y los trabajadores podrán acabar en el juzgado, lo que encarecerá estos despidos colectivos. Previamente, con la normativa anterior, era la autoridad laboral –en este caso la autonómica- la que debía autorizar estos expedientes. En la práctica, para lograr esta autorización, las empresas solían elevar la factura de los despidos, en forma de indemnizaciones más cuantiosas a favor de los trabajadores.

Además, De la Cavada lamentó que las empresas de más de cien trabajadores vayan a ver incrementados sus costes a la Seguridad Social. Con las últimas modificaciones en el Congreso, la nueva normativa obligará a pagar el desempleo a los trabajadores de más de 50 años en las prejubilaciones cuando se trate de empresas con más de 100 trabajadores, frente a los 500 previstos inicialmente.

La reforma laboral enfila el jueves la última fase del trámite en el Senado con la finalización del plazo para la presentación de enmiendas, sin que por el momento se conozca la existencia de ninguna modificación de calado. Posteriormente, la próxima semana, la Comisión de Empleo del Senado que preside la ‘popular’ Alicia Camacho, y en la cual los ‘populares’ gozan de mayoría suficiente, prevé emitir su dictamen definitivo, concretamente el 12 de junio.

Una vez cumplido el trámite de urgencia, la reforma volverá al Congreso donde recibirá el visto bueno definitivo previsiblemente en junio. Con esta aprobación entrarán en vigor los cambios que la norma ha sufrido durante su tramitación parlamentaria, después de que fuera aprobada, el pasado 10 de febrero, en forma de real-decreto ley por el Consejo de Ministros.