Tal y como figura en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, las pensiones no pueden perder adquisitivo, lo que se traduce en que si la inflación supera en el mes de noviembre de cada año la subida fijada para las pensiones a principios de ese mismo año, el Estado deberá pagar la diferencia en una paga única, que suele abonarse a mediados del mes de enero del  ejercicio siguiente. De momento, la subida “armonizada” de la inflación del penúltimo mes del año (que suele coincidir con el IPC definitivo que el INE publicará el 15 de diciembre) ha deparado una desviación de 1,2 puntos.

Si se confirma que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre es, finalmente, del 2,2%, y dado que el Gobierno decidió subir las pensiones un 1% a principios de año, las arcas de la Seguridad Social deberán asumir esos 1,2 puntos de diferencia, que supondrán 2.472 millones de euros con el fin de compensar a los más de ocho millones de pensionistas por esa desviación de los precios.

Esta cantidad se desglosa de los 1.135 millones de euros que supone esas doce décimas para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo (en el Ministerio de Trabajo calculan que cada décima de desviación tiene un coste de 100 millones de euros), y otros 1.337 millones que supondrá consolidar esa subida de precios de 2010 en las pensiones de 2011. En total, por tanto, 2.472 millones de euros que se repartirán los pensionistas en una paga única a mediados del mes de enero próximo.

De esta forma, los jubilados que perciben una pensión contributiva verán incrementada su pensión un 1,2% en 2011 (se elevará hasta el 2,2% en el caso del las pensiones mínimas del sistema), un pequeño consuelo, que de alguna forma viene a compensar a los pensionistas del sacrificio que se les ha obligado a hacer en 2011 para contener el déficit público y alcanzar el 6% del PIB como exige Bruselas. Con esta medida, el equipo de Elena Salgado calcula que se podrá ahorrar 1.500 millones de euros.

{destaco}Esta congelación ha sido ampliamente criticada por todos los partidos políticos por considerar que no se puede hacer recaer en los jubilados españoles la crisis económica (también los funcionarios verán recortados sus sueldos), pero además como figuraban en todas las proposiciones de los grupos de la oposición, rechazadas una a una por el PSOE y sus socios parlamentarios, porque en el Pacto de Toledo no se recoge en ninguna de sus recomendaciones la congelación de las pensiones.

El incremento de la inflación se debe en gran parte al aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el pasado 1 de julio y que las empresas van trasladando mes a mes. Como se recordará en sectores como el turístico, de hostelería y restauración, al coincidir con temporada alta decidieron asumir las empresas ese incremento a fin de que no se viera afectada la demanda, ya de por si depauperada por la situación económica.

Pero no ha sido sólo el IVA. También han influido en la subida de los precios de noviembre aspectos tan importantes como el aumento del recibo de la luz el pasado mes de octubre, mes en el que por si fuera poco ya habían terminado las rebajas.