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Ampliar la liberalización del mercado eléctrico es una de las alegrías que el Gobierno contempla conceder a las empresas del sector como compensación por otras medidas que pueden gravar sus ingresos dentro de la reordenación del sistema que se ultima desde el Ministerio de Industria. Se trataría de reducir con fuerza la posibilidad de acogerse a la llamada tarifa del último recurso (TUR), que pese a su denominación es la que determina la factura de un elevadísimo porcentaje de clientes domésticos.
No obstante, pese a que este aspecto figura en el citado plan de reestructuración que tiene como objetivo acabar con el déficit tarifario -que podría llegar a los 30.000 millones de euros con el que se genere en este ejercicio-, queda por conocerse o, lo que es más relevante, queda por elegir por parte de los responsables de la política energética cuál es el umbral de consumo a partir del que los clientes quedarán obligados a salirse del «paraguas» de la tarifa que fija el ministerio. El dilema está en si ese límite se fija para una potencia contratada de tres kilovatios que, incluso en medios del sector se considera una frontera muy baja, o se se establece para cinco kilovatios. Aunque se opte por esta segunda posibilidad se ampliará significativamente el mercado libre y unos seis millones de consumidores cambiarán de estatus.
Se abrirá entonces una etapa, para la que se puede aprobar periodos transitorios, en la que los clientes tendrán que negociar con las comercializadoras libres los precios a los que comprarán el suministro de la energía. En principio, la liberalización en otros sectores como el de las telecomunicaciones ha sido positivo para los consumidores, pero aquí subyace el problema de los enrevesados cruces de subvenciones y transferencias a otras actividades, por lo que no es previsible que las ofertas que se lancen sean a la baja respecto a las tarifas pese a las últimas subidas. Por otro lado, los expertos también destacan que no se trata de un mercado en el que exista una fuerte competencia. Lo que sí quedará, además de una previsible TUR mucho más reducida, el llamado bono social, al que pueden acogerse con rentas y potencias contratadas muy bajas.
Esta no sería, no obstante, un paso nuevo, aunque sí el primero obligado para los domésticos. A partir del 1 de julio de 2009 entró en vigor un nuevo sistema de tarifas eléctricas que ha permitido que coexistan el mercado libre y una tarifa fijada por el Gobierno: la TUR. Esta última quedó reservada para los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, segmento en el que se encuentran prácticamente todos los domésticos. La puesta en marcha sistema implicó que el resto de los clientes quedó obligado a comprar la electricidad fuera de la tarifa. Fue el caso de la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, el Gobierno designó a cinco empresas, denominadas comercializadoras de último recurso, que de forma obligatoria han tenido que acoger a los clientes con derecho a la TUR que hasta entonces recibían su suministro a través de empresas distribuidoras y sin necesidad de gestiones.
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