El posible paso a manos privadas de las televisiones autonómicas pone en riesgo hasta 20.000 empleos, según ha advertido hoy viernes UGT. En opinión del sindicato, la ley que este jueves superó el trámite en el Congreso puede suponer el adiós definitivo a cualquier vestigio de calidad informativa en el seno de las cadenas regionales.

Los 20.000 empleos en peligro advertidos por UGT superan de largo otras cifras que se han barajado últimamente y que hablan de 11.000 empleados en el conjunto del sector audiovisual autonómico español.

Con la aprobación el jueves, la ley General de Comunicación Audiovisual mutó de nombre y pasó a denominarse algo así como ley para “flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisuales” –toda una declaración de intenciones-.

La principal novedad de la ley es que exime a las administraciones públicas de la obligación de producir sus programas informativos. Así, cuando entre en vigor, las cadenas podrán ceder la producción informativa a empresas privadas. Una posibilidad que envenena a los sindicatos, pues temen una oleada de despidos en el sector y una pérdida generalizada de derechos por parte de los trabajadores.

Además, UGT recela de la externalización de las redacciones periodísticas porque cree que la imparcialidad se resentirá en estos medios. Una imparcialidad, sin embargo, que el propio sindicato ha echado en falta durante los últimos años en televisiones como Telemadrid y Canal 9.

Costes privados y costes públicos

La posibles privatización de las ‘teles’ autonómicas augura despidos y una pérdida de condiciones laborales. Según ha reconocido Raúl Berdonés, propietario del Grupo Secuoya, , un activo contratista de estas televisiones y que se ha mostrado dispuesto a pujar por los servicios informativos si se ofrecen al sector privado, los costes laborales del sector público están muy por encima de los del sector privado.

“Un cámara mío cuesta 24.000 euros y uno de una autonómica 70.000”, ha afirmado recientemente en una publicación después de mostrar su interés por hacerse con la producción de servicios informativos y programas culturales en una posible puja.

La preocupación de UGT se une a la de aquellos que vaticinan una oleada de despidos en el las televisiones autonómicas en los próximos meses. En esta línea, la ley aprobada esta semana en el Congreso puede suponer la última pieza para acometer una gigantesca reestructuración en el sector público audiovisual, al abrir la puerta a la privatización de las empresas públicas.

Los sindicatos temen que los gestores aligeren las plantillas públicas para hacer las empresas más apetitosas de cara a una posible privatización. En este sentido se encuadra el anuncio realizado por Canal 9 a principios de año. La cadena pública valenciana pretende despedir a casi dos tercios de su plantilla.

En cualquier caso, las televisiones autonómicas sufren un problema financiero de especial gravedad. En 2010, según detalla un informe de Deloitte, las cadenas ingresaron apenas 245 millones de euros en concepto de publicidad frente a los 500 millones que gastaron en personal. Con las subvenciones, las ‘teles’ autonómicas costaron ese año al contribuyente casi 1.300 millones de euros.

“Hachazo” a la democracia

Sin embargo, muchos creen que la información y la programación cultural que ofrecen las autonómicas son un motivo suficiente para conservarlas en manos de la Administración. Así opina el portavoz del PSOE, Juan Luis Gordo, quien este jueves aseguró en el Congreso que la futura ley hace «inviable» en la práctica el servicio de titularidad pública.

Más contundente, durante el debate en la Cámara, la diputada de ERC, Teresa Jordà, acusó al PP de dar un “hachazo a la democracia” y a la pluralidad informativa. Según dijo, “el objetivo es claro: reducir a la mínima expresión TV3”, lo que supondría “la hecatombe” para Cataluña, auguró.

Por su parte, la diputada de UPyD, Irene Lozano, propuso que se haga una «criba» que elimine del espectro audiovisual español aquellas televisiones autonómicas que no sean viables, con lo que ha recordado que en España las comunidades gestionan 26 canales, frente a los diez de Alemania, «una desproporción evidente».

Mientras, Inma Riera, de CiU –coalición catalana que se abstuvo en la votación-, manifestó su discrepancia «clara y rotunda» con la invasión competencial que ejerce esta reforma sobre la Generalitat de Cataluña, si bien dijo compartir el espíritu y la primera parte de la normativa.