El presidente del Santander, Emilio Botín, ha enviado una carta a sus accionistas garantizando que el primer banco de España y de la zona euro no necesitará ayudas públicas para cumplir con los requerimientos de capital y de provisiones. Y que, por tanto, no acudirá al préstamo de hasta 100.000 millones de euros concedido por Europa a España para el saneamiento de la banca. Botín se alinea con su colega del Popular, Ángel Ron, que dijo lo mismo en la junta general de accionistas de la entidad.

CaixaBank y el Banco Sabadell tampoco van recurrir a los fondos europeos puestos a disposición de España para completar la capitalización de la banca española. En el acto de inauguración del nuevo complejo corporativo del Sabadell, situado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), su presidente, Josep Oliu, destaca que tiene margen económico suficiente para evitar el recurso a los fondos europeos. «No tenemos previsto pedir ningún dinero del rescate porque después de la operación con Banco CAM tenemos un nivel de provisionamiento genérico sobre el total de activos del 16%, que es prácticamente el doble del que tienen la mayor parte de los bancos«, argumenta. En CaixaBank reiteran  el criterio de cumplir las provisiones que marque el Gobierno por sus propios medios.

Esta postura contrasta con la del nuevo grupo formado por Ibercaja, Liberbank y Caja 3, que es el primero en reconocer públicamente que necesitará “con toda seguridad” de la ayuda de la Unión Europea. El presidente de la Fundación Caja Extremadura, Jesús Medina, admite, en la presentación del Boletín de Coyuntura Económica del primer trimestre, que necesitará ayuda financiera europea, a través del Frob, aunque no se sabe en qué cuantía.

El director de la Secretaría Técnica de Ibercaja, Antonio Martínez, no ha sido tan explícito en la presentación del número 47 de la revista Economía Aragonesa, que él dirige. Cree que «es muy pronto para hacer una valoración«, pero «cuando hay una pérdida de confianza tan extrema y tan generalizada, hay que aplicar un cortafuegos» para devolver la confianza.

Porque si bien en España hay entidades «muy diferentes» en el sistema financiero, y las «hay mejores y peores«, «lo cierto es que el deterioro de la confianza es un estado de ánimo» y «ya no responde a números«, sino que «cuando se pierde, afecta a todos, a los buenos y a los malos, no se discrimina» y, «directamente, los inversores obvian el país». Por eso, «todo lo que sea devolver la confianza al sistema nos beneficia a todos”.

Por su parte, los sindicatos de Novagalicia Banco, una de las entidades nacionalizadas, dan por hecho que las ayudas públicas que previsiblemente va a recibir la entidad provocarán un nuevo recorte de oficinas y, por lo tanto, de plantilla. Y auguran que las condiciones de la Unión Europea llevarán a una nueva reestructuración del sector financiero español «más dura que la que se hizo hasta ahora«.

“Casi me atrevo a decir que no menos de 2.000 empleados van a estar saliendo por la puerta«, declara a Europa Press el responsable de la sección sindical de UGT en la entidad gallega, José Ramón de Pliego-Valdés, que ha indicado que la plantilla actual está integrada por 5.948 trabajadores y que «después de todo esto«, si la entidad «consigue sobrevivir«, no superará las 4.000 personas.

El responsable de la CIG-Banca, Clodomiro Montero, ha afirmado que «por supuesto» habrá un nuevo ajuste de personal. Porque cuando Europa da ayuda a empresas privadas, «lo primero a lo que obliga es a realizar ajustes en materia de oficinas y de personal», para lo que usa «el argumento de que recibir ayudas públicas y mantener la posición en el mercado vulnera la libre competencia«.

«Tenemos claro que cualquier rescate bancario y cualquier entidad que reciba ayudas públicas se va a ver obligada a un nuevo recorte en materia de personal y esta es la mayor preocupación en todo el sector financiero«, señala Montero, que censura que los trabajadores del sector, «que no son responsables, como no lo es la sociedad» sean los que «paguen el rescate de los banqueros«. Este proceso, ha asegurado, va a desembocar en «una reestructuración del sector más dura que la que se hizo hasta ahora«.

Unicaja aprueba los exámenes

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, ha asegurado que la entidad andaluza no tendrá que modificar el plan de negocio incluido dentro de la integración con Caja España Duero al haber contemplado ya de antemano las exigencias adicionales efectuadas por el Gobierno en las dos reformas financieras. Y recuerda que «ha pasado todos los exámenes que han tenido que afrontar las entidades españolas«, por lo que no necesita una nueva fusión.

Unicaja «ha superado los cuatro exámenes que se ha hecho a las entidades financieras españolas: las dos pruebas de estrés realizadas por la EBA y los dos decretos del actual Gobierno«, a lo que se suma el del FMI, que «también supera con holgura«. Queda la valoración de Oliver Wyman y Roland Berger sobre la capacidad de resistencia de los activos bancarios en España, y sobre el que Medel ha resaltado que «los análisis que tenemos nos hacen ver que también se superará y nos mantiene entre las entidades financieras españolas más solventes«.

“Tenemos un proyecto de integración aprobado con Caja España-Duero que nos sitúa entre las diez primeras entidades financieras del país, un proyecto formal para formar una entidad por encima de 80.000 millones en activos«, razona Medel. Unicaja «está centrada en ese proyecto«, por lo que «cualquier especulación o conjetura que se pueda hacer sobre negociaciones con otras entidades no responden a la realidad«. «No estamos en absoluto en ningún otra fase o proceso de integración con otra entidad, adicional al que tenemos con Caja España Duero«, insiste.

«Unicaja tiene una línea institucional muy clara, es firme partidaria de fusiones siempre que se cumplan dos condiciones, una estrictamente económico-financiera, que la entidad resultante sea claramente solvente y viable; y otra, que ese nuevo grupo permita cumplir los fines de cada entidad mejor de lo que se cumplían antes«, concluye Medel.