No es por la crisis. Los países llevan diez años reformando sus sistemas públicos de pensiones, y pese a lo que dicen los gobiernos que las han llevado a cabo, la OCDE asegura que los cambios introducidos suponen un recorte de la cuantía de las pensiones futuras de entre un 20 y un 25% de media, según explica en su último informe sobre «Perspectivas de las pensiones 2012».

En el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se explica que los gobiernos tendrán que aumentar de forma gradual la edad de jubilación para hacer frente al incremento de la esperanza de vida y poder así garantizar que sus sistemas nacionales de pensiones son al mismo tiempo «asequibles y adecuados». Pero en tiempos de incertidumbre económica, como la actual, esta reforma puede desempeñar un «papel crucial» en la forma de frenar la crisis, al mismo tiempo que contribuye a la consolidación fiscal e mpulsar el crecimiento.

Próximos 50 años

En el informe de la OCDE también se habla de previsiones, y se concreta que en los próximos 50 años la esperanza de vida se incrementará en 7 años. Por ello, y ante las reformas emprendidas en la última década, la edad de jubilación en la mitad de los países de la OCDE será de 65 años, aunque ya se habrá abierto una brecha, ya que en 14 países dicha edad se situará entre los 67 y los 69 años, como es el caso de España. No obstante, también se recuerda que en 28 países de los 34 que componen esta institución están previstos incrementos de la edad de jubilación.

Asimismo, llama la atención en el documento que de los 34 países miembro de la OCDE, solo en 6 se equipará la esperanza de vida con la edad de jubilación para los hombres y en 10 para las mujeres; una precisión que se refiere a aquellos países en que se diferencia la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Por este motivo, la OCDE aconseja a países como Italia o Dinamarca que consideren «formalmente» la posibilidad de unir la edad de jubilación a la esperanza de vida.

Y ante la posibilidad de que existan problemas de financiación de las pensiones públicas también recomienda que se hagan mayores esfuerzos para promover las pensionse privadas.

«Se necesitan medidas valientes», ha afirmado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien defendió la necesidad de romper las barreras que impiden trabajar más allá de la edad de jubilación para «garantizar que nuestros hijos y nuestros nietos pueden disfrutar de una pensión adecuada a finales de su vida laboral». A ello agregó que pese a que estas reformas puedan ser «impopulares y dolorosas», en estos momentos de «tensas finanzas públicas y limitado espacio para la política monetaria y fiscal», también pueden ayudar a impulsar el «necesario crecimiento de las economías envejecidas«.

La mitad de las ganancias

En cuanto a la cuantía de las pensiones futuras, la OCDE prevé que los ciudadanos que comiencen ahora a trabajar cobrarán una pensión pública enta de «alrededor de la mitad» de sus ganancias netas de media en los países más desarrollados, si se retiran a la edad oficial y con todos los años cotizados, algo que el paro existente, sobre todo en algunos países como es el caso de España, hace más que improbable que se alcancen.

De esta forma, casi todos los países que han hecho las pensiones privadas obligatorias, los pensionistas pueden esperar beneficios cercanos al 60% de sus ingresos, mientras que en aquellos donde las pensiones públicas son «relativamente bajas» y las privadas son voluntarias –Alemania, Irlanda, España, Corea, Japón o Estados Unidos-, gran parte de sus futuros pensionistas pueden sufrir caídas importartentes en la cuantía de sus pensiones, lo que podría elevar la pobreza entre los jubilados. Como solución a este problema, la OCDE propone fijar una edad de jubilación más tardía y un mayor acceso a las prensiones privadas.

No obstante, las pensiones privadas no son la respuesta más adecuada en todos los países, dado que según el informe de la OCDE podría «afectar injustamente» a los que menos ganan y ser vista como un «impuesto más». Por este motivo, y con carácter general, la institución internacional aconseja reformar las desgravaciones fiscales para fomentar las pensiones privadas, sobre todo entre los trabajadores que menos ganan y los jóvenes. Y ante la confianza que pueden generar dichos fondos privados, la institución recomienda a los gobiernos que mejoren la vigilancia de los mismos.