Cada año, el Ministerio de Educación fija la horquilla en la que deben moverse las comunidades a la hora de establecer sus precios. Hasta ahora, el mínimo lo constituía el IPC interanual y el máximo este índice más cuatro puntos.  Este año, el Gobierno ha establecido,  mediante el  Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en Educación,  un sistema por el que los alumnos pagarán las matrículas en función de lo que cuesta el título universitario. Según la normativa aprobada, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido que los estudiantes sufraguen  con sus tasas entre el 15% y el 25% del coste de su formación.

Esta fórmula se traduce en subidas para la primera matrícula de hasta el 66%, unos mil euros, aunque el Ministerio que dirige José Ignacio Wert sostiene que la media de la subida será de 540 euros. Las segundas y sucesivas matrículas se incrementarán hasta cubrir progresivamente entre el 90 y el cien por cien del coste de la plaza.

En  los Másteres no habilitantes para el ejercicio profesional,  la primera matrícula cubrirá entre el 40 y el 50%,  y entre el 65 y el 75% de los costes a partir de la segunda matrícula.

Lógicamente, el hecho de que el alumnado asuma una parte del  coste de su formación superior a la actual supondría una disminución de la aportación que las administraciones públicas hacen a las universidades.

La tarea de fijar los precios se antoja difícil, ya que, según han reiterado los rectores,   es muy complicado, por no decir imposible, calcular el coste real de sus títulos universitarios por carecer de un sistema de contabilidad analítica. En el Consejo de Universidades de la semana pasada, los máximos responsables de los campus pidieron a José Ignacio Wert que retrasara la puesta en marcha de la medida.

El ministro denegó la petición y traspasó la responsabilidad de subir los precios a las comunidades autónomas. Asimismo, defendió que existen métodos para calcular  los costes y aseguró que algunas autonomías ya lo han hecho.

En este sentido, la Generalitat de Cataluña estima que sus estudiantes pagan el  13,9% del coste de su carrera en las universidades públicas. Según datos de la Secretaría de Universidades e Investigación del Gobierno catalán, este sufraga el  83,1% del coste de los estudios, mientras que el Estado contribuye con un 3% en concepto de becas.

Con todo, es difícil establecer el coste y, con carácter general, se asegura que el estudiante enjuga con sus tasas entre el 15 y el 17% de lo que cuesta su formación universitaria.

Por otra parte,  un considerable número de autonomías han advertido de que aplicarán la subida mínima, lo que producirá desigualdades entre unas y otras universidades, aunque será hoy cuando expongan claramente sus posturas.

La Comunidad de Madrid, una de las que cuenta con un mayor número de universitarios  (alrededor de un cuarto de millón en sus campus públicos y privados) ha anunciado que subirá un máximo de nueve euros por crédito.

Así, la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, avanzó en la Asamblea regional que la subida media de la matrícula universitaria podría ser «como máximo» de nueve euros por crédito, y pasar de esta manera de  los 21,94 euros actuales hasta los 31 euros.  Si cada cuso se compone de 60 créditos, aquellos que se inscriban en todos deberán pagar 540 euros más.(

El curso que ahora termina, los precios por curso oscilaron entre 843 y 1.316 euros, según el grado de experimentalidad    de las carreras.