Las huelgas indefinidas en las cuencas mineras de Asturias y León, las marchas de miles de personas en ciudades y pueblos de esas comunidades y las manifestaciones más explosivas, que también se han desarrollado en Madrid, ponen de manifiesto que el Gobierno ha chocado con el conflicto laboral más grave, al menos de momento, de esta legislatura. Los mineros se niegan a aceptar lo que califican de medidas drásticas del Gobierno, con recortes presupuestarios que afirman ponen en riesgo unos 16.000 empleos en esas comarcas. Y, como en etapas anteriores, la actitud de los trabajadores del sector pone contra las cuerdas no únicamente al ministro del ramo: José Manuel Soria, titular de Industria, sino también al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y a los dirigentes del PP en León y Asturias, que realizan gestiones en Madrid hasta ahora infructuosas.

La última demostración tuvo lugar la noche del martes cuando varios miles de personas en una impactante manifestación recorrieron las calles de León para defender la minería del carbón y pedir unidad de acción frente a los recortes de más de un 60% al sector. Gran parte de los participantes portaban cascos con lámparas y buzos de trabajo y gritaban, entre otras consignas, una que reflejaba que la situación está más que caldeada: «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra».

Pero tampoco los mineros lo tienen fácil, a los recortes presupuestarios se unen a la dificultad de que la tarifa y las empresas eléctricas, que acumulan un déficit tarifario de más de 24.000 millones de euros, soporten nuevos costes de una forma más o menos directa. Algunos expertos del sector se decantan por fórmulas que permitan la reducción de la producción pero no el cierre definitivo de unas minas que aportan la única materia prima energética que existe en la Península.

Pero el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado este miércoles que el Gobierno continuará «literalmente» con el plan de cierre de las cuencas mineras que fue «elaborado por el anterior Gobierno» y remitido a Bruselas en agosto de 2011. Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja y en respuesta a la pregunta formulada por el diputado socialista por León, José Antonio Alonso, que se ha interesado sobre los planes que tiene el Ministerio de Industria para el futuro de las comarcas mineras.

En concreto, Soria se ha referido al calendario «muy definido» que figura en el plan de cierre remitido a Bruselas por los socialistas y en el que figura que «a fecha de 1 de enero de 2019 no iba a quedar abierta ni una sola unidad de producción de minería del carbón que hubiese recibido ayudas».

El Gobierno anterior buscó, no obstante, varias vías para alargar la vida de las cuencas de Asturias y León. Una de ellas fue fijar una cuota obligatoria a las eléctricas para «quemar» carbón autóctono a cambio de compensaciones. La ayuda estatal se ajustó a las normas de la UE sobre ayudas estatales puesto que no suponía a una sobrecompensación de los costes soportados por los productores de electricidad. En el decreto se indicaba que el régimen español podría extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2014 y, si las autoridades nacionales estimaban que en algún momento antes de esa fecha las compensaciones se hacían innecesarias, podrían cancelarlas.

Pero la de España no es la única en recibir apoyos oficiales. La minería del carbón da trabajo a unas 100.000 personas en Europa y depende de las ayudas para sobrevivir en varias minas, como las situadas en la región alemana del Ruhr y en el valle del Jiu en Rumanía.