El ‘corralito’ en la cooperativa de L’Aldea, con las cuentas de los socios bloqueadas durante semanas por la quiebra de su sección de crédito en diciembre de 2011, ha sido un verdadero trauma para Cataluña, aunque el 80% de éstos ya han recuperado su dinero. En esta comunidad autónoma hay 108 secciones de crédito de cooperativas agrícolas, concentradas en las provincias de Lleida y Tarragona, que gestionan depósitos por valor de 670 millones de euros y una cartera de 144 millones de euros en préstamos a socios más 85 millones a las propias cooperativas.

Para evitar nuevas situaciones de estas características, el departamento de Economía de la Generalitat catalana no ve mejor solución que la bancarización. Dentro de un decálogo de buenas prácticas para garantizar la “solvencia a largo plazo” de las cooperativas agrícolas, el Gobierno catalán insta a las 108 cooperativas con secciones de crédito a bancarizar éstas, traspasando el negocio financiero a cajas rurales y otras cooperativas de crédito. Anima a las cooperativas a incluir esta propuesta en la próxima asamblea general de socios que convoquen, y a comunicar “con celeridad” a la Administración autonómica si optan por esa vía. Para facilitar y “acelerar” el proceso, la Generalitat está elaborando un protocolo para las entidades que deseen traspasar su sección de crédito a una caja rural u otra cooperativa de crédito.

La integración de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias de Cataluña resolvería uno de los grandes problemas de estas entidades, que se mostró con toda su crudeza en la quiebra de L’Aldea. Los depósitos de los socios en estas secciones de crédito no están garantizados, al no tratarse de entidades financieras ni de contar con la supervisión del Banco de España. En cambio, si la sección de crédito pasa a una cooperativa de crédito los depósitos de los socios sí están amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y la entidad está supervisada por el Banco de España.

La decisión de la Generalitat de Catalunya abre la puerta a la captación del negocio de las secciones de crédito por parte de las cajas rurales. No parece que las cooperativas de crédito catalanas, como la de Ingenieros (que es la que cuenta con mayor volumen de activos) o la de Arquitectos, estén interesados en las secciones de crédito de las cooperativas agrarias.

Sí puede interesar a Caixa Rural San Fortunat de Castelldans (Lleida), en la comarca de Les Garrigues, que nació precisamente como sección de crédito de la cooperativa de Sant Fortunat para dar servicio a todos los asociados, y que en 1963 se independizó. Caixa Rural San Fortunat, que tiene una sucursal en la localidad, se ha integrado en Caja Más, la fusión de las rurales de Burgos, Segovia y Cajacega (de Fuentepelayo). O a Caixa Guissona, la otra caja rural que existe en forma de sociedad cooperativa catalana de crédito, y que tiene sucursales en las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona.

La propuesta de la Generalitat puede servir para que Cajas Rurales Unidas, impulsada por la almeriense Cajamar y la valenciana Ruralcaja, amplíe su presencia en todas las provincias de Cataluña. Lo mismo que la aragonesa Bantierra (con sucursales en las provincias de Barcelona y Lleida), la Rural de Teruel (con oficinas en Tarragona) y la Rural de Jaén (con sucursales en la provincia de Barcelona).

Si bien no habría problemas en que estas entidades asumieran los depósitos y la cartera de créditos concedidos a los socios, no gusta la idea de hacerse cargo de los préstamos de las secciones de crédito que se hayan otorgado a las propias cooperativas.

El fracaso de la gran rural catalana

La situación de las secciones de crédito ya quiso ser solucionada por el anterior Gobierno de la Generalitat, en manos del tripartito, mediante la creación de una gran caja rural en Cataluña a partir de la integración de las secciones de crédito existentes en las cooperativas agrarias. La operación, impulsada por el entonces director general de Política Financiera de la conselleria de Economía, Ferran Sicart, partía de una modificación de la normativa que regula a estas entidades, de forma que el peso de los socios colaboradores (personas que no pertenecen a la cooperativa pero poseen depósitos bancarios) no podrá superar el 30% (hasta ahora era el 50%) del importe de la sección de crédito. Y de que los ingresos corrientes de la sección de crédito no rebasarán el 50% del resto de la cooperativa. Con la finalidad de mejorar la protección de los cooperativistas, los recursos propios deberán representar al menos el 9,02% de su pasivo, frente al 5,26% actual. Además, se prohibía usar los activos de la sección de crédito como garantía de otras operaciones de la cooperativa. Tampoco podrán utilizarse los inmuebles si han sido financiados con recursos de la sección de crédito.

El siguiente paso es implantar una gran cooperativa de crédito en Cataluña, desde la base de la Rural Sant Fortunat. El proyecto consistía en que las cooperativas que lo deseen integren sus secciones de crédito, aportando sus activos y pasivos (los depósitos de los socios, pero también los créditos y las inversiones) en Castelldans, transformándola en una gran caja rural de Cataluña. Las cooperativas obtendrían, a cambio, derechos políticos en la entidad, que deberá modificar su ficha bancaria para poder ampliar su ámbito de actividad a toda Cataluña, salvo Barcelona. Pero terminó en un rotundo fracaso.

Coeficiente de liquidez

Ahora, la Generalitat, en manos de CiU, plantea una nueva regulación. Si la cooperativa agraria catalana decide mantener su sección de crédito, en contra de la recomendación de traspasarla a una cooperativa de crédito, deberá contar con un coeficiente de liquidez de un mínimo del 10%, y además prever «retiradas estacionales» de depósitos por parte de los socios que deben poder atenderse, que el total del pasivo exigible no exceda en más de ocho veces los recursos propios, y que la actividad de la sección de crédito no puede tener un peso superior al 70% en el balance.

Además, deberá colocarse un cartel en el mostrador que indique que se trata de una «sección de crédito» y no una «entidad de crédito”, y dejar muy claro que los depósitos no cuentan con protección. Los socios y colaboradores deberían firmar un documento de «toma de conocimiento» cada vez que contraten un depósito en el que conste que son conscientes de que no está cubierto por el Fondo de Garantías de Depósitos. Y deberán publicitarse las condiciones económicas aplicables a las operaciones tanto de activo como de pasivo de la sección de crédito.

Por último, se limitará la práctica de las cooperativas de cubrir sus pérdidas con recursos de los socios de la sección de crédito. Y los créditos concedidos a los socios deberán instrumentarse siempre mediante escritura pública o póliza intervenida por fedatario público para poder realizar ejecuciones en caso de impago.