Los datos hasta el 30 de abril, sin ser una sorpresa, certifican la crisis del sector eléctrico. Las estadísticas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) señalan que el déficit tarifario (que se produce cuando los ingresos no cubren los costes regulados) alcanzó los 1.989,8 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, cifra que supera ampliamente el tope de 1.500 millones que la ley estableció para el conjunto del año. El desfase es además superior en un 58% al previsto en la última revisión de las tarifas. La CNE, no obstante, puntualiza que en el fuerte desvío ha pesado la inclusión del «bono social» al que pueden acogerse las personas con rentas más bajas, mientras que no recoge liquidaciones afectadas por la subida de la electricidad en un 7%.

Otro aspecto que se percibe en esta liquidación es el aumento de los costes debidos a las primas de las energías renovables. El régimen especial, por el que están reguladas estas tecnologías, recibió 2.999 millones de euros, un 22,5% por encima del mismo periodo del año anterior.

Esta evolución se conoce cuando el Ministerio de Industria ultima un modelo para el sector eléctrico que tiene como objetivo básico la eliminación de ese agujero que supera ya los 24.000 millones de euros. El departamento que dirige José Manuel Soria ha puesto en marcha diversas medidas que van desde una moratoria a las renovables, así como la reducción a la distribución, pero ahora todo apunta a que vienen los aspectos más duros, tanto para las compañías del sector como para los consumidores. La fijación de nuevas tasas o peajes a la generación eléctrica es una de las firmes candidatas a ser incluida en la normativa. En esta línea, José Manuel Soria ha ratificado hoy jueves que el Gobierno está estudiando un alza en el peaje a la generación de electricidad con el objetivo de atajar el déficit de tarifa. «Lo que sí puedo decir que está estudiando el Gobierno es una subida en la imposición indirecta que grava la generación de electricidad», afirmó.

El peaje a la generación está en línea con la fiscalidad «homogénea y no discriminatoria» a la que aludió en mayo el ministro, ya que este gravamen lo soportan por igual todos los generadores de electricidad, tanto renovables como del régimen ordinario.