Una vez aclarado que el rescate de los hasta 100.000 millones que se dará a España afectarán a la deuda pública y al déficit público, el Banco Central Europeo (BCE) ha venido a corregir a la propia Comisión Europea, cuyo presidente José Manuel Durao Barroso, aseguró a los españoles que a cambio no se pedirían más ajustes ni recortes. Pero la realidad es otra, como apunta este jueves el Boletín mensual del BCE, ya que para que España alcance el objetivo de reducir el déficit (5,3%) tendrá que «combinar una serie de medidas de amplio alcance», que obligatoriamente pasan por «fuertes recortes de gasto» sobre todo en 2012.

También la canciller alemana, Angela Merkel, explicaba en el parlamento alemán que lo que nos ha ocurrido es por haber «despilfarrado» en la última década a lo que se unió la burbuja inmobiliaria. Como consecuencia, en estos momentos las cuentas públicas, como recuerda el boletín del BCE, el déficit de las administraciones públicas ascendió en 2011 al 8,9% del PIB, «considerablemente por encima» del objetivo de déficit fijado del 6%, después de ser revisado al alza por los gastos adicionales de las comunidades autónomas descubiertos durante una auditoría de facturas impagadas realizada en el contexto de un mecanismo de financiación instaurado para el pago de las facturas pendientes.

La entidad que preside Mario Draghi reconoce que el Gobierno ha aprobado dos leyes que allanaban el camino para una racionalización sustancial del gasto en sanidad y en educación en los presupuestos de las comunidades autónomas, quienes además han realizado ajustes en los presupuestos de 2012 y han presentado «planes de reequilibrio» para el período 2012-2014. A ello suma, la nueva Ley de estabilidad presupuestaria española, que establece, entre otras medidas, un seguimiento y control sustancialmente reforzados de los presupuestos de las comunidades autónomas, entró en vigor a principios de mayo y es plenamente aplicable en el ejercicio presupuestario actual.

Por otro lado, el informe también recoge que el Consejo de Gobierno considera que las perspectivas económicas para la zona del euro están sujetas a «mayores riesgos a la baja» que se relacionan, en particular, con el aumento de las tensiones en varios mercados financieros de la zona del euro y su posible contagio a la economía real de la zona, así como con posibles nuevos incrementos de los precios de las materias primas a medio plazo.

En este contexto, apunta que es probable que la inflación se mantenga por encima del 2 % durante el resto de 2012 (en mayo la media de inflación quedón en el 2,4%), debido principalmente a la evolución de los precios de la energía y de los impuestos indirectos. Sin embargo, añade que, según los actuales precios de los futuros sobre las materias primas, se prevé que la tasa de inflación interanual vuelva a descender por debajo del 2% a principios de 2013.

Por otro parte, defiende que en los últimos años se ha avanzado notablemente en el saneamiento de las finanzas públicas. «Es esencial proseguir los esfuerzos por sanear la situación presupuestaria y recuperar la competitividad, que son condiciones previas para un crecimiento económico estable», incide.