Con la protesta convocada el domingo, las autopistas del grupo Abertis en Cataluña han registrado (desde las 6 hasta las 20 horas) un total de 1.074 casos de impago del peaje, lo que representa el 0,25% del total de las transacciones registradas durante la jornada.
La compañía recuerda que en la primea convocatoria del pasado 1 de mayo, el número de impagos durante la misma franja horaria totalizó 5.471 casos (el 1,34% de las transacciones del día), mientras que en la segunda del día 20 de mayo se produjeron 3.087 casos de impago del peaje, el 0,9% del total.

Abertis autopistas recuerda que, en ejercicio de sus derechos contemplados en el contrato de concesión, que en los casos de impago registrados se procederá a realizar la reclamación por vía administrativa de los importes de los peajes no satisfechos, así como la correspondiente denuncia ante el servicio catalán de Tráfico, lo que supondrá una multa de cien euros por infractor.

Abertis relativiza el seguimiento de la campaña contra el pago de peajes en Cataluña al revelar que desde que empezó la campaña el 1 de mayo, sólo son 25.000 usuarios los que han pasado la barrera sin pagar, de los que 10.000 son reincidentes. El director general de autopistas de Abertis, Josep Lluís Giménez, cifró la semana pasada en 180.000 euros el impacto económico de la campaña antipeajes liderada por el partido Solidaritat per la Independencia. La concesionaria ha contabilizado un total de 59.996 casos de impago, lo que supone un 0,21% de las transacciones.

La compañía también ha tramitado 45.776 denuncias a las autoridades de Tráfico catalanas, de las que 46 son por la vía penal para preservar los derechos de los trabajadores, ya que se les ha tomado fotografías sin su consentimiento. Giménez aclarara que Abertis no recibe ningún importe de las multas impuestas por la autoridad competente, si bien indica que la compañía sí ha reclamado el 20% de los casos de impago.

Los convocantes de la protesta antipeajes consideran que Cataluña sufre un agravio comparativo, ya que en el resto de España las vías de gran capacidad son gratuitas. Giménez admite el agravio comparativo, y argumenta que «existe un problema de modelo que la Administración debe solucionar», a la vez que sostiene que el futuro en España pasa por extender el concepto del pago por uso, tal y como ocurre en otros países europeos como Francia, no sólo para tener una distribución más eficiente del tráfico y una distribución más equitativa de las cargas que deben pagar los ciudadanos, sino para que sea sostenible el mantenimiento de las autovías que ahora son libres de peajes y que suponen una carga a las paupérrimas arcas estatales.