La situación económica no es buena, pero a los ojos de las agencias de calificación de la deuda soberana de los países comunitario todavía es peor, y sobre todo, sus «notas» merman la confianza de los mercados. En la Unión Europea llevan varios intentos de frenar su «poder», y este martes la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara ha aprobado una reforma legislativa para aumentar el control sobre las agencias de ‘rating‘. Afectará a sus valoraciones sobre la dueda soberana de cualquier país europeo. Además, Bruselas se ha propuesto reducir la dependencia de las instituciones comunitarias de sus calificaciones.

La crisis casi ha hecho olvidar sus fallos de bulto en sus calificaciones. Ni por asomo vieron lo que se avecinaba en Lehman Brothers ni en la mayoría de las quiebras de entidades estadounidenses. Pero con el paso de los meses, y ante los acontecimientos económicos que se iban sucediendo en el Viejo Continente, las agencias de calificación como Ficht, Moody’s o Standard & Poors (S&P) han ido ganando posiciones y hecho olvidar sus errores. Como ha explicado el eurodiputado socialista, Leonardo Domenici, la crisis de deuda de la eurozona ha mostrado que las agencias de ‘rating’ «han ganado demasiada influencia«, hasta el punto de ser capaces de influir en la agenda política.

Para frenar esa influencia, en el Eurocámara han decidido reforzar las actuales reglas sobre los «ratings» de deuda soberana y «los conflictos de interés». Este es el primer paso, porque ahora esta iniciativa socialista deberá pactarse con los gobiernos de los Veintisiete.

Entre los cambios que se prevén figura en primer lugar exigir a las agencias de calificación de riesgos que publiquen un calendario anual de fechas en las que hacer públicas sus notas sobre deuda soberana a fin de que cada país tenga tiempo suficiente para prepararse. Y, además, la nota se deberá hacer pública al cierre de todas las bolsas de la UE, y como mínimo, una hora antes de su reapertura. Con ello, se intenta evitar los momentos inoportunos que, en la mayoría de los casos, se hacen públicas y son «perjudiciales» para los Estados afectados, según ha recordado el eurodiputado del PP, Jean-Paul Gauzès.

Asimismo, el Parlamento comunitario quiere que las notas reflejen las características específicas de cada país y no influir en favor de un cambio político.

Las notas deberán reflejar, según pide el Parlamento europeo, las características específicas de cada país y no podrán defender cambios de política.

No obstante, con estos cambios legislativos se pone de manifiesto que la eurozona ha renunciado a tener su propia agencia de rating, tal y como se había acordado, pero la falta de acuerdo sobre su constitución y aportaciones de recursos la han hecho inviable con la crisis económica. A cambio el Parlamento reclama a las instituciones europeas que publiquen también su propia evaluación sobre la solvencia de los Estados,  así como los indicadores macroeconómicos más relevantes.

De esta forma, se pretende evitar que las legislaciones de la UE se remitan a un rating para fijar objetivos regulatorios. Además, no se va a permitir que ninguna institución financiera regulada pueda vender sus activos automáticamente tras producirse una rebaja de la nota.

Responsabilidad civil

La nueva norma establece que las agencias serán responsables civilmente de sus calificaciones, de forma que un inversor perjudicado por una nota que contenga errores metodológicos podrá pedir ante la justicia daños y perjuicios.

Para evitar los conflictos de interés, las agencias de ‘rating’ no podrán publicar notas sobre entidades que controlen más del 2% de su capital. Además, se restringen las fusiones entre agencias para evitar que se reduzca la competencia.