El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán,  presidirá este viernes en Bilbao la junta general de accionistas de la eléctrica en un complejo panorama para el sector y para la empresa, que queda marcado por las incertidumbres regulatorias, la resistencia del consumo a crecer en España, pero con la compañía manteniendo resultados por la diversificación geográfica y de actividades. Existen, asimismo, dos temas relevantes que suponen la cara y la cruz de la gestión del máximo ejecutivo del grupo: por un lado, Galán, pese a algunos dictámenes adversos, va a la asamblea con el blindaje que limita la capacidad de voto de los accionistas intacto y con ACS fuera del consejo. Sin embargo, aunque la empresa ha realizado esfuerzos para transmitir a los inversores su capacidad para crear valor, Iberdrola celebra la junta con la acción a 3,5 euros, a niveles de 2002.

La estrategia de defensa de Galán frente Florentino Pérez, presidente de ACS, ha salido adicionalmente reforzada por la decisión del Gobierno de promover, a través del Grupo del PP del Senado, una norma que permite el establecimiento de blindajes para impedir que un socio con una participación minoritaria se haga con el control de una sociedad sin lanzar una opa. Esta medida puede considerarse como un triunfo moral de Galán, que mantiene, no obstante, a la constructora como primer accionista, con una cuota del 14,8% del capital.

En la junta del viernes se aprobará el nombramiento tres nuevos consejeros, entre ellos, el ex ministro Ángel Acebes, y de Francisco Pons, que se convertirá en el nuevo vocal en representación de Bankia, tras la salida de José Luis Olivas. El tercero de los nuevos consejeros será el director general de la sociedad José Luis San Pedro, que además de consejero ejecutivo de Iberdrola es el segundo directivo de la compañía trás Ignacio Galán. Y la asamblea de accionistas realizará también una votación consultiva sobre las remuneraciones de los consejeros y previsiblemente aprobará la modificación parcial del código de separación de actividades de las sociedades del grupo con actividades reguladas en España con el objetivo de cumplir las recientes reformas legislativas.

A estos temas se une un tema básico para el futuro de las eléctricas y para una eventual recuperación de las cotizaciones en Bolsa: el marco de actuación para el sector, que aún es bastante incierto. Los responsables de la política energética del ministerio de Industria ultiman la ley que regulará el sistema en los próximos años, y esa normativa se elabora con una meta prioritaria: acabar con el agujero creado por las políticas tarifarias que asciende a 24.000 millones de euros. Y aunque el titular del departamento, José Manuel Soria, ha incidido en sus declaraciones en que el reparto de la carga, que supondrá reducir costes y aumentar ingresos para acabar con déficit, afectará a consumidores y empresas, la posible fijación de una megatasa o megapeaje a la generación preocupa al sector eléctrico. No se descarta que la nueva ley sea aprobada el viernes, coincidiendo con la reunión de los accionistas de la eléctrica. En cualquier caso será estudiada por el Gobierno, que aplazaría su aprobación al próximo consejo de ministros.

Galán dirige, además, la junta cuando ya se ha aprobado una reducción a la remuneración de la distribución y sin que el ministerio haya recogido casi ninguna de las peticiones sobre el recorte de las primas a las renovables. Iberdrola ha sufrido además este fin de semana una disminución de la calificación de su deuda por parte de Moody’s que se une a la realizada por Standard and Poor’s. Y aunque el último informe de Goldman Sachs ha mejorado el consejo sobre la eléctrica desde neutral a comprar, los analistas están dividido respecto a la compañía. Del consenso de mercado,  nueve optan por la compra de las acciones, diez se mantienen neutrales y seis recomiendan la venta.