El fallo declara vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos (artículo 22 de la Constitución) y restablece en sus derechos a los promotores de Sortu, reconociendo su derecho a la inscripción de dicho partido en el Registro de Interior.

Pese a que el recurso ha salido adelante con una estrecha mayoría, según las mismas fuentes, lo único que ha trascendido de forma oficial  es que tres magistrados habrían anunciado la presentación de voto particular discrepante.

Se trataría de Javier Delgado, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez-Arribas. Estos tres magistrados, junto a Luis Pérez de los Cobos y Francisco Hernando, todos ellos del denominado «sector conservador» del tribunal de garantías, son los que votaron en contra de la sentencia del que permitió la participación de Bildu en las elecciones municipales de 2011.

Si este mismo esquema se traslada al Pleno celebrado este miércoles, los magistrados que habrían validado la legalización de Sortu serían, además de la ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera, los magistrados Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asúa y también el presidente y el vicepresidente del Tribunal, Pascual Sala y Eugeni Gay, todos propuestos por el PSOE.

En los próximos días se conocerá el contenido de la sentencia y los votos particulares, a los que se pueden adherir los magistrados que han votado en contra de la legalización.

Argumentos del Supremo

El Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto.

Muchos de los argumentos de este voto particular son los que han sido acogidos por el tribunal de garantías, que ha dado los apoyos necesarios a la segunda versión de la ponencia que ha correspondido a la magistrada de tendencia progresista Elisa Pérez Vera, según las mismas fuentes.