La resaca de la publicación de los resultados de los trabajos encargados a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman sobre la capacidad de la banca española para afrontar situaciones macroeconómicas extremadamente adversas ha generado nuevos mensajes del Ministerio de Economía y también del Banco de España. Y el reconocimiento público de que, a partir de ahora, todas las decisiones que se tomen para reforzar a la banca española deberán contar con el nihil obstat de la Comisión Europea.

De hecho, las autoridades económicas y de supervisión no se han hecho públicas algunas decisiones porque están a la espera de la respuesta de Bruselas. Sí se tiene claro, desde Economía y desde el Banco de España, que la reestructuración de las entidades participadas por el Frob (Banco Financiero y de Ahorros/Bankia, CatalunyaCaixa, Banco de Valencia y NovaGalicia) comenzará “de inmediato” y no se va a esperar a los resultados de los trabajos encargados a cuatro auditoras sobre la situación de las provisiones para insolvencias (que se hará público el 31 de julio) ni a la prueba de resistencia y a la revisión de los créditos que se van a realizar en septiembre.

“El futuro de las entidades que iban a ser subastadas se negociará con Bruselas”, señalan fuentes oficiales del Ministerio de Economía, en referencia a CatalunyaCaixa y al Banco de Valencia, cuyas subastas se han aplazado sine die. También precisan que “no es extrapolable la situación de Bankia a la del resto de entidades nacionalizadas”.

No se ha decidido, en cambio, si se recurrirá a la ampliación de capital (fórmula elegida para Bankia) o se optará por los bonos convertibles contingentes, los famosos CoCos. Tampoco hay decisión sobre si habrá una sociedad de gestión de activos inmobiliarios para todo el sector financiero o si se exigirá una por cada entidad, pero sí la habrá para las que estén en reestructuración.

Economía asume que Bruselas pondrá condiciones a la reestructuración del sistema financiero español, pero precisa que éstas serán “individuales, no sectoriales”. Entre ellas, la exigencia de un capital mínimo, una mayor tasa de préstamos financiados con depósitos de clientes, la venta de participadas y una mayor concesión de créditos.

Y se descarta rotundamente crear un grupo con las entidades nacionalizadas. “Nadie piensa en una banca pública”, señalan. Tras el saneamiento, habrá una venta de entidades en un proceso competitivo que, por supuesto, estará controlado por Bruselas.

No habrá Guindos III

Tras poner en marcha dos reformas financieras en muy poco tiempo (en febrero y en mayo), el ministro de Economía, Luis de Guindos, no tendrá que afrontar una tercera. Lo que coloquialmente se denomina, parafraseando las diferentes versiones del sistema informático más utilizado en el mundo (el Windows), el Guindos I y II. No habrá, por tanto, Guindos III.

Esto se traduce en que no habrá un real decreto ley con nuevas exigencias de provisiones para la banca. Sí habrá exigencias de provisiones, pero de forma individualizada y sólo para entidades que las necesiten. “El enfoque es totalmente individualizado y los requisitos adicionales de capital sólo se aplicarán a las entidades que los necesitan”, explican en Economía, que recuerda que los dos decretos obligan a la banca a dedicar 84.000 millones de euros adicionales a provisiones.

No se contempla la liquidación de entidades ni quita alguna para los titulares de bonos y obligaciones de éstas.