El último espaldarazo lo dio Alemania, cuya canciller defendió que el sistema financiero para una tasa por sus operaciones. Con dicha tasa, según explicó su creador, el Nobel de Economía James Tobin, se pretendía suavizar la “volatilidad de los mercados financieros”. Con la crisis, los motivos de la tasa son muy bien diferentes. De momento, Alemania y Francia e incluso España han dado su visto bueno para que comience a tramitarse la nueva figura tributaria europea.

Su fin ahora es recaudar dinero y ayudar a las exhaustas arcas públicas de los Estados. Pero también que el sistema financiero comience a pagar todo el daño que ha causado a la economía, poniendo en jaque a algunos países como Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia, Francia o la misma Alemania. En concreto y según figura en el primer borrador elaborado por la Comisión Europea –que deberá ser rectificado al no contar con el apoyo de los Veintisiete países del euro- las entidades financieras deberán abonar una tasa del 0,1% sobre las acciones y del 0,01% sobre los derivados financieros.

Además de las dos locomotoras económicas europeas (Alemania y Francia), también se han sumado –ya hemos mencionado a España- Austria, Bélgica, Portugal, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia y hasta Italia, aunque el país que gobierna Mario Monti ha puesto condiciones.

Una vez más, Reino Unido, que tiene su propia tasa, se ha descolgado del acuerdo. Y países como Luxemburgo, sede del Ecofin, también se ha desmarcado de la medida por su condición de paraíso fiscal, dando más importancia a este hecho que a su condición se estarse convirtiendo en uno de los miembros con mayor peso político, al ir ampliando poco a poco su presencia en las principales instituciones europeas.

La tasa Tobin no empezará a funcionar enseguida. Como todo en Bruselas, lleva su ritmo y sus tiempos, y suelen ser lentos. Y el primer paso es declarar oficialmente que esta medida no cuenta con la unanimidad de todos los miembros, algo que le corresponde hacer a Dinamarca, por tener el turno de presidencia europea.

El segundo paso será que los países que defienden la tasa, en total diez (se necesitan nueve como mínimo) envíen a la Comisión Europea su petición de puesta en marcha, siguiendo el principio de “cooperación reforzada”.

A continuación, le corresponde a la Comisión Europea realizar una propuesta. En estos momentos, lo que había propuesto la CE incluía a los Veintisiete y tenía previsto recaudar 55.000 millones que se depositarían en las arcas europeas.

Tras tener elaborada la nueva propuesta, será el Consejo Europeo el que deba aprobarla por “mayoría cualificada” a fin de prosperar. Y luego deberá pasar el examen del Parlamento europeo.

Tras superar todas esas votaciones, el Consejo Europeo se encargará de poner en marcha el procedimiento legislativo, con el debate político correspondiente. En total el proceso durará bastantes meses antes de que la tasa pueda ser implantada en los diez países que han dado su visto bueno.