El Gobierno está a punto de rectificar nuevamente una de sus decisiones. Nada más llegar a La Moncloa, el presidente Mariano Rajoy hizo desaparecer una de las últimas decisiones del anterior Gobierno socialista por la que se eliminaba la deducción por compra de vivienda. Rajoy consideró que retomando esta medida se dinamizaría el mercado de la vivienda, incentivando la compra. Sin embargo, el «rescate» a los bancos españoles en dificultades está obligando al Ejecutivo a cambiar muchas cosas que, de antemano, había asegurado que no haría, como su negación en redondo a una hipotética subida del IVA, que más pronto que tarde aplicará este año. La siguiente medida, también reclamada por el FMI y Bruselas, se centra en la deducción por compra de vivienda, que el Ejecutivo ya ha empezado a estudiar cómo aplicará la medida. También ha empezado a «estudiar» la implantación del «céntimo verde».

Y el primer paso en esa dirección ha sido el reconocimiento de que estudia adoptar dicha medida, como también la implantanción del céntimo verde sobre la energía. Así lo ha confirmado este martes la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras, dado que se trata de algunas de las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional.

Y todo para que España cumpla sus objetivos de déficit público que a la luz de los últimos datos parece imposible que se consiga (en mayo se situó en el 3,41% del PIB y todavía quedan siete meses por delante para dejarlo a final de año en el 5,3%). El problema es que entre su primera decisión de recuperar la deducción por compra de vivienda y su confirmación de que estudia volver a eliminarla han pasado tan solo seis meses.

Es más, hasta antes de confirmarse la petición de rescate, la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, había asegurado que esa deducción no se iba a tocar, por tratarse de un incentivo, diciendo con rotundidad que esta desgravación se mantenía porque «lo ha querido este Gobierno», como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el propio Mariano Rajoy se habían comprometido al iniciar sus tareas de gobierno a no subir el IVA, para luego reconocer que se subiría en 2013, y tras los «deberes» impuestos por Bruselas y el FMI estudiarse qué tipos de IVA se van a subir este mismo año (superreducido, reducido…).

Con la eliminación de esta deducción en el IRPF el Estado se ahorraría alrededor de 2.928 millones de euros, la cantidad que recogían los Presupuestos Generales del Estado de 2011 en este capítulo. Y para 2012, en que la compra de viviendas ha caído en picado, las cuentas públicas contaban con que este concepto supusiera un coste de 2.523 millones. Desde luego, si se adopta dicha medida, sus efectos se notarían en 2013, ya que este año ya no es posible. El Gobierno lo que está estudiando ahora es si dicha eliminación solo afecta a las nuevas compras, como decidió el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en el último año de legislatura (entonces el gasto rondaría también los 2.500 millones de euros), o si afecta a todas fijando un carácter retroactivo a la desaparición de esta deducción.

La Comisión Europea ya se lo acaba de decir al Gobierno español, recordando que se puede mejorar la eficiencia del sistema tributario incrementando «la proporción» de los impuestos indirectos, y en particual se apuntaba al margen existente para elevar la base imponible del IVA, revisando exenciones y tipos reducidos. Y además Bruselas agregaba que existe cierto «sesgo en favor del endeudamiento» y por el acceso a la propiedad de la vivienda frente al alquiler al estar permitida la desgravación sobre los intereses hipotecarios.

El Gobierno también estudia, según ha revelado esta tarde la secretaria de Estado de Presupuestos, implantar un céntimo verde sobre la energía. En principio este tributo, que aunque el Gobierno lo llama «céntimo» sería en realidad cinco o seis céntimos, estaba previsto para financiar las primas a las renovables y atajar el déficit eléctrico. Pero ahora al plantearlo el ministerio de Hacienda su destino puede ampliarse a financiar otros desequilibrios del Estado. Fernández Curras ha confirmado que es una «posibiidad» al formar parte de una «imposición susceptible de ser explorada».

Se trata, por tanto, de una tasa sobre el consumo de hidrocarburos que contribuiría a elevar los ingresos del Estado. En teoría esta recaudación se destinaría a fomentar las energías renovables y cumplir los objetivos medioambientales de la agencia 2020 de la UE. Pero tampoco se descarta que las petroleras hagan repercutir este impuesto en el precio final del carburante.  El «céntimo verde» iría directamente a las arcas del Estado, a diferencia del «céntimo sanitario» que va a las arcas de la comunidad autónoma que lo ha implantado para ayudar a paliar el gasto sanitario de la región.