Telefónica ha presentado contra México una demanda al considerar que el Ejecutivo de ese país no ha respetado los tratados de protección recíproca de inversiones al modificar parte de la regulación que afecta a la actividad de las telecomunicaciones. En esta actuación legal reclama más de 800 millones de euros. México es para la operadora española uno de sus mercados más importantes en la actualidad y de cara al futuro y en el que está desarrrollando una estrategia de mejora de la tecnología, con elevadas inversiones en áreas como la ampliación de la fibra óptica en 36.000 kilómetros. Es una zona en la que acaba de cerrar una alianza con la operadora Iusacell, la tercera de la nación, para competir con América Móvil, propiedad de Carlos Slim.

La demanda de arbitraje se ha hecho efectiva ante el ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en el que también Repsol espera arreglar sus diferencias sobre la indemnización por la expropiación de YPF con el Gobierno argentino. La causa de Telefónica se debe más específicamente a que la rebaja de las tarifas de interconexión, que regula lo que debe pagar una operadora a otra por utilizar sus redes, se aplicó con carácter retroactivo.

Esta decisión del Gobierno, que se estima vulnera la seguridad jurídica, hizo que el grupo que preside César Alierta tuviese que devolver parte de lo ingresado por esa actividad a sus competidores. Otra de las posibles repercusiones aducidas es la penalización de las inversiones.