El director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña, Albert Batlle, ha reclamado una profundización en las reformas estructurales contra el fraude y la corrupción para evitar que la ciudadanía siga percibiendo la corrupción como el quinto problema de España, según el último barómetro del CIS, mientras el tercero lo son la clase política y los partidos políticos. Según otro estudio de la Generalitat de Cataluña de 2010 un 60% de la población creía que había bastante o mucha corrupción en Cataluña.

Batlle, que ha pronunciado una conferencia en el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, ha reclamado “un gran pacto estatal entre partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales y medios de comunicación para sentar las bases de un plan contra la corrupción”. Unas bases que Batlle lamentó que no alcance a los partidos políticos, según consta en el proyecto de Ley de Transparencia, que por ahora no afecta a los partidos. En cualquier caso, ha abogado por la “total despolitización del sistema judicial” para lograr una verdadera lucha sin cuartel contra el fraude en España.

Batlle se ha manifestado también partidario del total cumplimiento de las condenas de inhabilitación en casos de corrupción y también de la modificación de la Ley del Indulto para que no sirva como puerta de escape en el cumplimiento de penas en delitos de corrupción. En cuanto a los costes económicos de la corrupción, son muy altos porque, según ha recordado Batlle, una información reciente de la Unión Europea ha cifrado este coste en 120.000 millones de euros anuales.

Más control público

Albert Batlle ha insistido en que “hay que extremar los mecanismos de control público, que en Cataluña existen y actúan con determinación, pero que hay que mejorar”. En relación al organismo del que es director adjunto, creado en 2008, ha indicado que el 21% de las actuaciones iniciadas van directamente a la Fiscalía y otro 21% acaban archivadas. El restante 58% de actuaciones se convierten en informes razonados y recomendaciones a los organismos competentes para que mejoren sus prácticas. Por materias, un 65% de las actuaciones hacen referencia a irregularidades en la contratación pública y urbanística.

Batlle ha manifestado que “en conjunto la salud moral de la función pública en Cataluña es buena, pero que hay que luchar para eliminar cualquier caso de corrupción en el sector público”. En opinión de Batlle, “los conceptos de fraude y corrupción no son anécdotas, sino que se perciben como categorías muy importantes por parte de la ciudadanía”.

Por su parte el director general del Colegio de Censores Jurado de Cuentas, Xavier Cardona, ha manifestado “el interés del colectivo de auditores para avanzar en el mismo sentido que promueve la Oficina Antifraude”. En este ámbito Cardona ha recordado que “el Colegio fue una entidad líder en firmar el Pacto Mundial de la ONU, con especial énfasis en su punto número 10, que hace mención a la lucha contra la corrupción”. También se ha anunciado que próximamente el colegio profesional que preside y la Oficina Antifraude firmarán un convenio de colaboración.