Día intenso en Bruselas. La Comisión Europea ha presentado dos propuestas: la Directiva de Mediación y el reglamento de productos financieros pre-empaquetados (PRIPS, en la jerga del sector). Y el Parlamento Europeo ha aprobado la norma que regula la entrada en vigor de Solvencia II. Unespa está ya analizando con detalle estos cambios normativos, pero en una valoración de urgencia señala que “el seguro español respaldará cualquier propuesta que pueda mejorar la regulación de la distribución de nuestros productos siempre que suponga un beneficio real para los consumidores y para la competitividad de nuestro sector”.

Al mismo tiempo, la patronal aseguradora española cree que “no es el momento más oportuno” para una nueva Directiva de Mediación, “ya que la actual Directiva tiene apenas seis años (aprobada en normativa nacional en 2006) y el sector está inmerso en un gran proceso de cambio de reglas de juego, que también va a redefinir la venta de seguros, denominado Solvencia II, por lo que consideramos más prudente haber esperado a que este nuevo entorno estuviera plenamente operativo”.

“La propuesta de la Comisión parte de un principio general de igualdad entre todos los canales, que compartimos, pero hay que tener en cuenta a la hora de aplicar esos principios que deben también responder a las especificidades de cada canal de venta”, insisten en Unespa.

La patronal aseguradora recuerda que “algunas de las soluciones propuestas en el texto, como las relacionadas con las comparabilidad y la transparencia de los seguros, ya están siendo aplicadas en el mercado español a través de las Guías de Autorregulación impulsadas por Unespa”.

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas cuyo objetivo es aumentar la protección de los consumidores de servicios financieros y evitar así que se les vendan productos de inversión con riesgos excesivos que no les convienen. «No es aceptable que la complejidad y la opacidad de estos productos conduzca a algunos ahorradores a asumir riesgos que no han considerado, y a la venta de productos contrarios al interés de los consumidores«, argumenta el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.

La primera de las normas tiene como objetivo mejorar la calidad de la información que se facilita a los consumidores interesados en adquirir en productos de inversión complejos, como fondos de inversión, inversiones basadas en seguros y productos estructurados minoristas, además de planes de pensiones.

La nueva legislación obligará a los creadores de estos productos a elaborar un «documento de información clave» (KID, en la jerga del sector), en el que deberán constar las principales características del producto, así como los riesgos y costes asociados a la inversión. El documento debe explicar si se puede perder dinero y el grado de complejidad del producto en cuestión. Estos documentos se ajustarán a una norma común respecto a su estructura, contenido y presentación para que los inversores puedan comparar los productos.

La segunda de las normas busca aclarar las responsabilidades de las entidades depositarias de fondos de inversión. Sólo las entidades de crédito y las sociedades de inversión autorizadas y supervisadas podrán ejercer esta función, según explica Barnier. Si la entidad depositaria pierde parte de los activos del fondo, por ejemplo con un caso de estafa como el protagonizado por Madoff en Estados Unidos, deberá restituirlos de inmediato con activos idénticos o del mismo valor. Además, se fijan reglas sobre la remuneración de los gestores de estos fondos, para evitar que asuman riesgos excesivos a corto plazo, y un régimen sancionador de incumplimientos de la norma

En tercer lugar, la Comisión Europea propone reforzar los controles sobre los intermediarios en la venta de seguros. El consumidor tendrá el mismo nivel de protección si compra un producto directamente a una compañía de seguros que si lo hace indirectamente a un intermediario (un agente o un corredor, o un operador de bancaseguros). Los consumidores deberán recibir por adelantado información clara sobre la categoría profesional de la persona que les venda el producto de seguro. Se introducirán normas para abordar más eficazmente los riesgos de conflicto de intereses, incluida la divulgación de la remuneración cobrada por los vendedores de productos de seguro. Además, se facilitará a los intermediarios realizar operaciones transfronterizas, lo que según Bruselas «fomentará el surgimiento de un verdadero mercado interior de los servicios de seguros«.

Entrada en vigor de Solvencia II

Por otra parte, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la propuesta de norma para la entrada en vigor de Solvencia II. Hasta ahora, la Directiva de Solvencia II fijaba su implantación en octubre. La nueva propuesta habla del 30 de junio de 2013 como la fecha en la que Solvencia II debe estar transpuesta a la normativa nacional (en España, el anteproyecto de Ley de Supervisión se encuentra ya en tramitación), y a partir del 1 de enero de 2014 se producirá la entrada en vigor de la norma para todo el seguro europeo.