El reclamado plan por parte de las concesionarias de las autopistas, que tiene como objetivo implantar peajes en las autovías de alta capacidad, está ya elaborado por parte del Ministerio de Fomento. Se trata de un complejo programa que ha contado con tiempo en los últimos meses para perfilarse en sus derivadas técnicas, pero que dada su impopularidad y el posible efecto en sectores como el turístico y de transporte por carretera requiere de una decisión política que hasta ahora no se ha producido.  No obstante, algunos escollos están solventados como el referente al impacto en transporte por camiones ya que únicamente pagarían los vehículos ligeros particulares.

Con todo, el Ejecutivo es consciente que la medida despierta un rechazo general si se quiere justificar porque la grave crisis que atraviesan las autopistas de peajes, especialmente radiales como la de Madrid, se puede traducir en un «traspaso» al Estado de una deuda de unos 3.000 millones de euros dada la práctica quiebra en la que las sociedades titulares están inmersas. En la solución es este problema han estado y siguen trabajando las compañías afectadas, la banca acreedora  y la Administración. Y el modelo material elegido parece que pasa por el establecimiento de arcos de control, sin garitas, que controlarían la matrícula de los automóviles. Están, asimismo, fijados los puntos y las autovías en las que, en una primera etapa, se pondrían estos mecanismos de cobro. La extensión sería gradual, y no está prevista que se inicie hasta finales de año.

Con estos aspectos solventados, en medios consultados se señala que esta imposición podría incluirse dentro del plan de ajuste que se anunciará la próxima semana o en las medidas adicionales que se conocerían en fechas cercanas, pero posteriores. El precio o peaje no sería para todos los vehículos por igual y quedaría dentro de la media del entorno (Portugal o Francia), en donde gran parte de la red es de pago. El sector estima que el Estado podría ingresar del orden de los 4.000 millones de euros al año por los peajes, aunque una cifra más reducida en el primer año de implantación. Además se va argumentar que, de esta forma, el Gobierno contaría con más dinero para el idóneo mantenimiento de la red.

Pero el plan de salvación de las autopistas contiene diversos puntos, desde los créditos participativos para paliar el sobrecoste por las expropiaciones, a las cuentas de compensación que se han prolongado hasta 2021. También se contempla las nacionalizaciones de algunos activos y las fusiones, aunque este tema ha despertado ciertas reticencias ya que podría suponer un protagonismo más relevante de Abertis Pero quizá el más importante que se percibe para alcanzar un pacto con la banca acreedora, ya se ha logrado algunos acuerdos parciales para la refinanciación a corto plazo de varias autopistas, es precisamente que acabe o se reduzca la competencia de las vías abiertas.