El plan de ajuste viene anunciándose desde hace algún tiempo. Algunos miembros del Ejecutivo ya han advertido de que será duro y doloroso. En los últimos días cobra fuerza la idea de que ahora le toca el turno a la Administración Pública. Mariano Rajoy ya anunció una reforma del sector público que todavía no se ha aplicado y a la que parece que le ha llegado el momento. Uno de los motivos del retraso es la división interna entre los miembros del propio Gobierno sobre cómo hay que aplicar el ajuste y dónde debe recaer.

En España trabajan para la Administración Pública un total de 2,6 millones de personas. De ellas, 1,6 millones son funcionarios, 690.000 son personal laboral y 346.000 aparecen bajo el epígrafe de «otro personal», según el último informe oficial hecho público por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este último capítulo se incluyen los trabajadores de la práctica totalidad de las empresas y entes públicos de la Administración Central.

Del total de empleados públicos el mayor número corresponde a las comunidades autónomas con 1,3 millones de efectivos, de los que casi un millón son funcionarios y unos 150.000 personal laboral y casi 300.000 de empresas y otros entes públicos. Le sigue la Administración Local, con 646.000 efectivos. En este caso el mayor número corresponde al personal laboral con cerca de 400.000 personas. Por su parte, la Administración Pública Estatal cuenta con un total de 592.000 empleados de los que la mayor parte (457.000) son funcionarios.

Si el Gobierno aplicara un recorte del 10%, en línea con lo que ha anunciado Italia estos días, sobre el personal del Estado, el número de empleos afectados ascendería a unos 60.000. Si el Gobierno convenciera a autonomías y ayuntamientos y aplicaran la misma política, el personal que podría quedarse sin empleo superaría los 100.000 efectivos. En esta cifra no se incluiría el personal de las empresas públicas dependientes de comunidades autónomas y corporaciones locales.

Una de las fórmulas que se barajan es la privatización de empresas públicas, que permitirían aumentar los maltrechos ingresos del Estado y además conllevarían una reducción de empleo público. También se señala al personal interino y a aquellos contratados que no hayan ganado su plaza a través de oposiciones.

Hace unos días, la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, aseguraba que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles. Rodríguez hablaba de la necesidad de aplicar una «reestructuración» que supondría «a la fuerza» eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron «como setas» durante los años de «bonanza económica» y que hoy en día no son viables.

«Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobre un 10%, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos», dijo en declaraciones a la Cope. Y fue  más allá al matizar que los empleos públicos que tendrán que desaparecer «inexcusablemente» no afectarían necesariamente a los funcionarios.

Hoy, jueves, se reúne la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que avanzará en las medidas de ajuste. Se espera que el plan se anuncie el próximo 11 de julio y que dos días después sea aprobado en Consejo de Ministros.