Según los datos del presupuesto de este año, el gasto en pensiones absorbe el 42,07% del total hasta sumar 115.800 millones de euros mientras que el desempleo se lleva el 10,46% que supone 28.805 millones.

Estas dos partidas junto al pago de la deuda pública suponen prácticamente las dos terceras partes del gasto del Estado por lo que cualquier medida permite al Estado un ahorro mayor que tocando otros capítulos de gasto. Pero como la deuda no se puede dejar de pagar, sólo quedarían las prestaciones y subsidos por desempleo y las pensiones.

Y el recorte en esas partidas es lo que ha entrado en estudio dentro de las medidas de ajuste por 30.000 millones que prepara el Gobierno. El Ejecutivo de Rajoy es consciente del coste político que conllevaría el recorte en alguna de estas partidas y analiza si le compensa por su impacto para la reducción del déficit, que es la prioridad que se ha marcado.

Respecto a los gastos de desempleo las alternativas para ahorrar son varias así como su dureza. Por un lado, está una reducción sin más de las cuantías de las prestaciones o el subsidio. Por otro lado una reducción de los meses a los que se tiene derecho a la prestación por paro.

Este tiempo va en función de lo cotizado hasta llegar a un máximo de 24 meses. Se trataría por tanto de exigir más tiempo de cotización que el actual para cobrar un mes de desempleo, reducir el tiempo máximo o ambas cosas a la vez.

Otra fórmula de ahorro es endurecer las condiciones por las que se puede perder la prestación, por ejemplo al rechazar un empleo o un curso de formación. Sin embargo, la actual coyuntura con la falta de empleo, la menor dotación presupuestaria para formación y el elevado número de parados que tienen que gestionar las oficinas del Servicio Público de Empleo (antiguo INEM) hace que esta medida sea menos eficaz que las anteriores a la hora de conseguir una horro en el gasto público.

En materia de pensiones los ahorros pueden ser también generosos con cualquier medida de carácter general que se apruebe, bien sobre los actuales pensionistas o los futuros. En el primer caso el Gobierno podría decidir para el próximo año una congelación de estas prestaciones, aunque salvando por cuestiones de imagen a las más reducidas. El ahorro en cualquier caso sería notable.

De cara al futuro, la otra medida que puede aplicar es dificultar las prejubilaciones y jubilaciones adelantadas y, en línea con lo pedido por Bruselas, acelerar el calendario previsto para retrasar el retiro hasta los 67 años. Esta sería una medida  con beneficios de ahorro más de futuro pero con gran capacidad de convencimiento en Europa de que el Gobierno del PP está comprometido con los ajustes.

De momento no hay nada decidido a excepción de la decisión del Ejecutivo de Rajoy de presentar a Europa un plan creíble de saneamiento de las finanzas públlicas. Y en Europa, son muy exigentes, más cuando han aprobado la ayuda para el rescate bancario.