La Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales defiende que hagan banca ética

05/07/2012

Miguel Ángel Valero. Reclaman que estas cooperativas de crédito “presten especial atención al destino y a las consecuencias de sus inversiones”, para que no se financien "burbujas especulativas" ni proyectos que dañen al medio ambiente.

La Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales se apuntó un gran tanto al encabezar el movimiento en contra de la fusión de las entidades de Villamalea, Casas Ibáñez y Mota del Cuervo con la Caja Rural de Castilla La Mancha (la antigua Rural de Toledo) en Rural Alianza al entender que era una absorción. Meses antes, los responsables de estas rurales habían declinado la invitación de Globalcaja (fruto de la fusión de las rurales de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y La Roda) para sumarse a esta operación.

En las asambleas generales celebradas el 10 de junio los socios de estas rurales manifestaron su firme oposición a la propuesta de integración que, recuerda la Plataforma, “fue planteada, negociada y defendida por los actuales consejos rectores”. Aunque no reclama la dimisión de los miembros de estos órganos, equivalentes al consejo de administración, que en cualquier caso no se ha producido pese a ver cómo su propuesta de integración en Rural Alianza era rechazada pro abrumadora mayoría, la Plataforma resalta que esta “oposición de las asambleas soberanas llevaba implícito un mandato a sus consejos rectores para adaptarnos a los nuevos tiempos, pero siempre desde soluciones locales de gestión en cercanía, que garanticen la independencia de nuestras cajas rurales, implicando a la masa social y al resto de la gente de nuestros pueblos a una participación cada vez más intensa y responsable, avanzando en la cooperación entre iguales”.

Tras el fracaso de estas operaciones, planteadas en el marco de un proceso de concentración que ha implicado ya a 46 entidades (prácticamente la mitad del sector) en seis nuevos grupos (Cajas Rurales Unidas, Ibérico, Solventia, Globalcaja, Bantierra y Caja Más), la Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales cree que “es ahora, pues, el momento de comenzar a pensar, debatir y consensuar los planes de futuro” de éstas. “Este proceso debe organizarse y desarrollarse de manera transparente, explicando a la gente de manera sencilla, a la vez que con rigor, las características más relevantes del ámbito social, económico y financiero donde operan nuestras cooperativas de crédito”, señala.

Porque “sólo a través de una información rigurosa, comprensible y pluralm podremos tomar las decisiones más convenientes para que el futuro de nuestras cajas rurales locales siga siendo esperanzador, al lado de nuestra gente, en el corazón de nuestra tierra”, insiste la Plataforma.

Desde la Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales de Villamalea, Casas Ibáñez y Mota del Cuervo señalan lo que deberían ser las características distintivas de etas cooperativas de crédito en el futuro, “sólo con la intención de lanzar el debate, sin ninguna pretensión de imponer”.

Prácticas inmorales

El primer rasgo de las cajas rurales locales es que “deben mantener e impulsar su vigente modelo de gestión democrática de alta intensidad, donde los socios tienen la capacidad de participar directamente y sin intermediarios en la vida cotidiana de estas entidades”. Porque “si algo ha dejado claro la presente crisis financiera es que no podemos confiar nuestros ahorros a entidades bancarias que, sin ningún tipo de control por parte de los ahorradores y de los organismos de regulación y supervisión, buscan conseguir la mayor rentabilidad con nuestro dinero a través de la especulación y prácticas inmorales”, argumentan en la Plataforma.

La segunda característica es que las cajas rurales locales tienen que “seguir absolutamente vinculadas a los sectores que hace medio siglo estuvieron detrás de su nacimiento: la agricultura y la ganadería”. Porque estos sectores “son la base de la riqueza de nuestros pueblos, y por ello deben tener un apoyo especial”, añade.
En tercer lugar, las cajas rurales locales deben abrirse aún más a la actividad industrial y de servicios de los pueblos, así como al resto de potenciales socios. “Es preciso iniciar una campaña de concienciación e información ambiciosa en nuestros pueblos y su entorno más inmediato, para explicar a toda la gente las virtudes de nuestras cooperativas de crédito, como un patrimonio social que hemos de defender y hacer crecer, animando a nuestros vecinos a hacerse socios y a participar activamente en las mismas”, señala la Plataforma.

Al mismo tiempo, estas entidades “deben operar en todo momento con criterios de prudencia, rentabilidad económico-social y legalidad, cumpliendo de manera estricta y sin excusas la normativa del Banco de España, siendo referentes de autogestión, transparencia y buenas prácticas”.

Entidades financieras éticas

Pero seguramente la propuesta más llamativa es que las cajas rurales locales deben avanzar hacia su conversión en “entidades financieras éticas, que presten especial atención al destino y a las consecuencias de sus inversiones, para que con nuestro dinero no se alimenten burbujas especulativas, no se financien proyectos que deterioran el medio ambiente, no se concedan créditos a empresas que no respetan los derechos humanos, no se busque la máxima rentabilidad a toda costa”. La Plataforma por la Defensa de las Cajas Rurales Locales recuerda que en el ámbito de las finanzas éticas “la pregunta relevante no es ¿qué tipo de interés me va a dar mi entidad financiera por mi dinero?, sino ¿qué va a hacer mi entidad financiera con mi dinero?

Frente a las entidades que han abandonado el Grupo Caja Rural ((las 27 que se han sumado a Cajas Rurales Unidas, impulsado por la almeriense Cajamar, fuera de éste desde que inició su expansión nacional, y la valenciana Ruralcaja, que optó por esta fusión tras no ver aceptadas sus propuestas en él), la Plataforma cree que las cajas rurales locales “deben actualizar/adaptar las uniones con otras cajas rurales que hasta ahora han tenido lugar alrededor de grupos cooperativos”.

Argumentan que éstos “han permitido prestar servicios mancomunados de calidad y a costes asumibles, con un elevado margen de independencia de las entidades que forman parte”.

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