Desde que la Audiencia Nacional asumió el miércoles la querella que oportunamente presentó la dirigente de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, contra 34 consejeros del BFA-Bankia, encabezados por Rodrigo Rato (Caja Madrid) y José Luis Olivas (Bancaja), han arreciado las iniciativas parlamentarias reclamando una comisión de investigación. Al margen de la consideración de los supuestos delitos vertidos en la querella y refrendados por la Fiscalía Anticorrupción, la gestión de la crisis de Bankia posee una indudable dimensión política que el Parlamento tendría que analizar y subsanar en aras del bien común.

El PSOE ha reclamado un pleno extraordinario para que se discuta y vote la creación de la comisión investigadora que planteó a finales del mes de mayo y que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP con el apoyo de CiU. Izquierda Unida (IU) y las demás formaciones que integran el grupo de Izquierda Plural han hecho saber que la exigencia de investigación “no decae porque el Congreso haya rechazado el 12 de junio todas las propuestas en ese sentido”.

El portavoz socialista en materia económica, Valeriano Gómez, reconoce que el Gobierno y la dirección del Grupo Popular no han hecho ningún favor al Legislativo con su negativa a que compareciesen en su momento los principales ejecutivos de Bankia y los responsables de los organismos reguladores y supervisores, comenzando por el cesado gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ni siquiera se lo ha hecho a sí mismo con las erráticas explicaciones del ministro Luis de Guindos sobre el coste de la nacionalización de la entidad.

Frente a la impresión generalizada de que el Parlamento no sirve para nada por la negativa de la mayoría del PP a investigar, el rechazo de las comparecencias y las reuniones a puerta cerrada de la comisión del FROB, de la que los socialistas se retiraron la semana pasada, los ciudadanos vamos a asistir ahora a un desfile de abogados y ejecutivos bancarios por la Audiencia Nacional, como paso previo a una instrucción judicial con características de gran culebrón y el fiscal anticorrupción y el juez Grande Marlasca como guionistas principales.

Si el PP quería esquivar sus responsabilidades políticas en la gestión de las entidades fusionadas en Bankia, que dominaba desde los años noventa del siglo pasado, se puede decir que su estrategia a priori ha sido acertada, aunque sea a costa del deterioro del Legislativo como órgano de control del Gobierno. Si además quería diluir en el “tú también”, la responsabilidad de su mayoría abrumadora en la gestión de las entidades y sociedades participadas, la táctica le está saliendo bastante bien a fuerza de repetir que el PSOE, con tres representantes en BFA-Bankia; IU con uno (el histórico José Antonio Moral Santín) y hasta CCOO con dos, estaban en el mismo saco.

No importa si los representantes de la oposición eran una exigua minoría en los consejos de las entidades ni que minutos después de aparecer como imputados, el PSOE diera de baja en el partido a Antonio Tirado Jiménez, que figura en la querella como consejero de Bankia y lo era también del BFA junto con Remigio Pellicer, José María de la Riva y Ángel Villanueva Pareja, o que, según fuentes del partido, les haya ordenado que dimitan como consejeros de Caja Madrid. Lo importante es que ahí estaban, y que a los populares efectos, todos eran iguales.

Luego ya, si como dice el manifiesto que ayer lanzaron IU, la UGT, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac) y la Plataforma por la Nacionalización de la Banca, la banca ha recibido ayudas por valor de 500.000 millones de euros desde que comenzó la crisis y el Gobierno va a reforzar el capital de Bankia con 24.000 millones de euros (casi 2,5 veces lo que recorta en educación y sanidad), y es evidente que otros Bancos y Cajas van a necesitar aún más dinero, todo será para mantener la confianza en el sistema y por el bien del euro y de España. ¿Alguien lo duda?