Preguntada Elvira Rodríguez si se trataría entonces de endurecer el acceso a la prestación, la diputada popular lo negó y quiso dejar claro que «la condición de acceso» a la prestación es «perder el puesto de trabajo».

En su opinión, se trata de establecer como «condiciones razonables» una combinación entre un estímulo «positivo», que es la formación, y otro «negativo», que es la penalización.

Actualmente, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social determina que si el trabajador rechaza una oferta de empleo adecuado a su perfil es penalizado con una pérdida de tres meses de prestación; si se rechazan dos ofertas, se pierden seis meses de paro; y si rechazan tres ofertas, pierde el total de la prestación. Además, los desempleados que se nieguen a recibir cursos de formación también pueden ser sancionados.

Además, dijo que no es cuestión tampoco de recortar el tiempo de cobro de la prestación ni su cuantía. «No es una cuestión del tiempo de la prestación si se impulsa que los desempleados se formen y se reciclen y además que si se les ofrece un puesto, lo tienen que coger o si no pierden la prestación», afirmó.

Según Rodríguez, es una cuestión de «matiz»: «La prestación por desempleo no es un salario diferido, es una prestación que se da a la gente que pierde el empleo, que es variable en su cuantía, en tanto en cuanto no encuentra otro puesto», precisó.