La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este jueves en el Campus FAES en Navacerrada (Madrid) que España debe saber aprovechar sus «fortalezas» para superar los «desequilibrios» y ha subrayado que la única manera de hacerlo es llevar a cabo un programa reformista basado en la consolidación fiscal, la reestructuración del sistema financiero y la puesta en marcha de reformas estructurales para volver a crecer y crear empleo.

En materia de consolidación fiscal, Sáenz de Santamaría destacó la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que incluye mecanismos de ajuste para que las administraciones públicas «cumplan con la senda de ajuste marcada» y no se «desvíen» del objetivo de déficit. «Ha sido el consenso de las comunidades lo que ha permitido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera iniciara de común acuerdo un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso», ha enfatizado.

Entras las reformas y medidas puestas en marcha por el Gobierno citó el pago a proveedores, con la inyección de 27.000 millones en la economía productiva; la reforma laboral, que está empezando a dar «sus frutos»; o la reforma financiera que, aunque ha llegado «tarde» en comparación con otros países, permitirá colocar a los bancos españoles entre los «más solventes y provisionados» del conjunto de la UE.

Unidad de mercado

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha defendido una profunda reforma del ámbito regulatorio, con «menos y mejores leyes». A su juicio, España necesita un proceso de «simplificación normativa profundo a nivel estatal, autonómico y local«, encaminado hacia la liberalización de muchos sectores. Y la unidad de mercado, ha asegurado, es «un elemento básico».

En este punto, ha adelantado que se creará una grupo de trabajo para la unidad de mercado en el ámbito de la comisión de secretarios y subsecretarios para aprobar una ley reguladora de la unidad de mercado que será «un paraguas general» sobre el que todos los departamentos tendrán que trabajar para «una mayor simplificación de procedimientos en todas las administraciones» con el fin de alcanzar «un sistema de licencia única y de reconocimiento mutuo de los permisos y licencias que las distintas administraciones otorgan entre sí».

A continaución citó entre los objetivos del Gobierno la reforma institucional, ya que, según ha recalcado, «se impone un cambio en la cultura administrativa». Por lo pronto, ha dicho que el Ejecutivo ha iniciado un proceso de reestructuración del sector público empresarial que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas pero ha defendido la necesidad de que hagan lo mismo las comunidades y los ayuntamientos.

Patrimonio inmobiliario del Estado

También ha puesto en valor el plan de gestión de patrimonio inmobiliario del Estado renegociando alquileres y apostando por la reubicación, algo que, según ha dicho, ha permitido ahorrar 17,5 millones de euros en cuatro meses. Según ha recordado, más de 50.000 fincas constituyen la propiedad inmobiliaria del Estado pero éste sigue gastando más de 200 millones de euros en alquileres.

Entre las novedades, Sáenz de Santamaría ha adelantado la creación de un sistema central de compras único de suministros para toda la Administración del Estado que «empiece a analizar los suplidos que necesita», con un órgano que se encargará de celebrar los contratos y de obtener «precios razonables».

Según ha explicado, algunos ministerios como el de Defensa han puesto en marcha esas centrales de compras en sus propios departamentos, lo que ha supuesto «grandes ahorros».

Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local

Además, la vicepresidenta ha asegurado que «en estos días» el Ejecutivo impulsará «cambios profundos» en la Ley de Bases de Régimen Local que incluirá una «redefinición» de la estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias, garantizando que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados «a precios adecuados» y «mejor gestionados».

Se trata de poner orden en la «multiplicidad de entidades locales» que hay en España que ejercen «con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos».

Asimismo, ha señalado que el Gobierno impulsará medidas para dar «más transparencia» en aspectos como el número de concejales y la retribución de los mismos, con baremos para fijar los sueldos de los alcaldes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de acuerdo con las características de los municipios y que se incluirán en la futura Ley de Transparencia.