La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, realizó esta afirmación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde informó que el Ejecutivo ha logrado un ahorro de 17,5 millones de euros en seis meses de aplicación del plan que puso en marcha a principios de año para racionalizar el uso de los inmuebles pertenecientes al patrimonio del Estado. Todo ello con la resolución de 61 contratos de arrendamiento y la negociación a la baja de otros 58 contratos.

Sáenz de Santamaría hizo en esa rueda de prensa un balance del plan que se puso en marcha a principios de año para reducir el gasto de alquileres, optimizar el uso de espacios públicos y «dotar de más rendimiento al amplio patrimonio inmobiliario» de la Administración General del Estado.

Según recalcó las «medidas de austeridad» de ese plan logran un ahorro para el Estado al que se llega «simplemente gestionando bien los recursos públicos». «Es un ejemplo de cómo con todo el potencial de la Administración General del Estado podemos racionalizar y gestionar con mas respeto el uso de los recursos públicos», añadió.

Inventario de inmuebles

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que por primera vez en la historia de la administración se está procediendo a tener «un inventario detallado y pormenorizado» de las características de los 53.662 inmuebles -entre rústicos y urbanos- que tiene el Estado y los 1.380 inmuebles arrendados. Además, ha dicho que por primera vez se dispondrá de información sobre su uso, gastos mantenimiento y conservación.

La vicepresidenta ha explicado que el plan pretendía reducir el gasto en alquileres, ya que, este año los Presupuestos Generales del Estado fijan ese gasto en 217 millones de euros. Para ello, se ha procedido en dos direcciones: en  primer lugar, cesando en el uso de arrendamientos y alquileres para reincorporar esas oficinas a bienes que sean propiedad del Estado; y en segundo lugar, renegociando los contratos de alquiler.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de julio de 2012 se han tramitado expedientes que suponen un ahorro neto de 17,3 millones de euros, de los que 14,8 corresponden a la resolución de 61 contratos y 2,5 millones a la negociación a la baja de un total de 58 contratos. En lo que respecta a la reducción de los alquileres, se ha obtenido una rebaja media de casi un 20 por ciento (19,98%) respecto del precio pagado anteriormente.

Sáenz de Santamaría ha dado algunos ejemplos por ministerios. Así, ha dicho que en el de Justicia se han llevado a cabo18 resoluciones de contrato y 16 revisiones de rentas, logrando un ahorro de dos millones de euros. En Educación, Cultura y Deporte ese ahorro asciende a casi cuatro millones y a 2,7 millones en el caso del Ministerio de Industria y Turismo, en especial de Turespaña.

En su intervención, la ministra ha afirmado que es necesario obtener un mayor rendimiento de los bienes inmuebles públicos y, dado que en este momento su venta puede ser difícil, tampoco pueden quedarse de «brazos cruzados».

En este punto, ha señalado que se ha concedido especial relevancia a fincas rústicas, ya que la Administración General del Estado cuenta con 35.000. Para ello, ha proseguido, se están realizando convenios con otras administraciones para que puedan ofertarse a pequeños agricultores para la compra, para destinos de reforestación u otras finaliddes publicas.

Ocupación de espacios

Sáenz de Santamaría ha señalado además que se van a hacer planes para optimizar la ocupación de espacios, buscando la utilización de nuevos mecanismos de eficiencia energética que permitan un uso más racional, económico y eficiente de los inmuebles. Con este objetivo se ha puesto en marcha por primera un catálogo de espacios públicos para eventos de la Administración General del Estado.

«Antes nos íbamos a hoteles cuando tenemos 29 salas que pueden acoger a más de 100 personas y 125 salas con capacidad entre 30 y 100», ha indicado, para subrayar que utilizarán los espacios que tienen en los Ministerios y otros organismos públicos en vez de recurrir a los espacios que ofertan empresas privadas.

Finalmente, la vicepresidenta ha anunciado además otra medida en la que está trabajando el Ejecutivo como medida de ahorro según la cual se creará una central de compras para toda la Administración General y que permitirá que todas las necesidades de los organismos estatales se realicen a través de una misma agencia.