La modificación del método para fijar la renovación de las tarifa del último recurso (TUR) -que afecta a consumidores domésticos, algunas pequeñas y medianas empresas y entes administrativos- es uno de los puntos que se contemplan dentro del profundo cambio de la legislación que regulará el sector eléctrico y que el Ministerio de Industria ultima. Una normativa que está teóricamente en la pista de salida, pero dada su complejidad y las consecuencias que cada uno de los aspectos pueden tener para las empresas eléctricas y los clientes, industriales y domésticos, se retrasa semana a semana, mientras que  su conclusión se mueve además entre el departamento que dirige José Manuel Soria y la oficina de Presidencia de Gobierno que gestiona Álvaro Nadal.

Respecto a la renovación del sistema tarifario se quiere ir a una fórmula que plantee menos dudas que la actual, que se basa en las subastas de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur). Este factor fija el término correspondiente a la energía y pesa casi un 50% dentro de las subidas (o, en su caso, bajadas) de la tarifa que ahora se revisa cada trimestre. El otro 50% corresponde a los peajes, que sufragan los costes regulados del sistema. Este último punto está más en manos del ministerio, aunque con una capacidad relativa de control en la medida que el déficit tarifario suma más de 24.000 millones y que este año podría ascender a unos 4.000 millones frente a los 1.500 millones fijados como tope.

Las fórmulas de revisión podrían sustentarse en parte en los futuros de la energía en los mercados internacionales lo que se decanta como un tema más neutral que el actual, que se uniría a nuevos impuestos para los consumidores, y que en conjunto se destinen a asumir los costes y paliar el actual agujero que supera el 2% del PIB español. Asimismo, el Ejecutivo quiere lograr que, a partir de ahora, las subidas de las tarifas que entre 2006 y 2011 para los consumidores domésticos españoles, excluidos los impuestos, han sido de un 69,9%, según Eurostat (oficina de estadística europea), sirvan para encauzar un sector muy preocupado tanto por la deuda acumulada como por los aspectos que repercutirán en sus cuentas en España.

Pero el cambio no quedará ahí. Y un diferente sistema de fijación de tarifas se uniría a otro salto también sustancial que dejaría fuera de ese paraguas a millones de clientes. La cifra final quedará en función de dónde se pone la frontera para poder acogerse a la TUR. Los que queden afectados tendrán que acudir al mercado libre, aunque el proceso será gradual, dado el escaso desarrollo de las comercializadoras del mercado abierto.

Con todo la legislación tendrá puntos igual de significativos, desde la fijación de tasas para la generación que se unirán a la reducción de la retribución a la distribución y a la remodelación de lo costes extrapeninsulares que de cara al futuro pasarán a los Presupuestos del Estado.