Se trata de un importe que duplica al del mismo periodo precedente (septiembre 2008-septiembre 2009) y que multiplica por más de tres al de los doce meses anteriores, primeros de operación de este organismo, si bien el número de expedientes resueltos con sanción es inferior.

Así lo anunció en el Congreso el presidente de la CNC, Luis Berenguer, quien señaló que estos importes siguen siendo «sustancialmente inferiores» a los impuestos por organismos de Competencia de otros países y de la Comisión Europea.

En el último ejercicio se resolvieron un total 16 expedientes, todos ellos por acuerdos entre empresas contra la competencia, mientras que en el 2008-2009 fueron 17 (10 de ellos por abuso de posición de dominio y 7 por conductas colusorias) y en el 2007-2008, 13 (8 por conductas colusorias y 5 por abuso de posición de dominio).

Suavizar las sanciones

Desde su creación, la CNC ha impuesto sanciones por un importe total de 295 millones de euros, de los que en 32 casos se deben a prácticas colusorias y 15 a abusos de posición dominante. En este sentido, Berenguer ha advertido a las «voces y sectores», que piden que se «mitigue el rigor» de estas sanciones, que esta opción «no está en absoluto justificada».

«Los efectos a medio e incluso a corto plazo serán desastrosos y posiblemente irreversibles en algunos casos», ha señalado Berenguer, quien ha asegurado que «sólo con esta contundencia» es posible desmantelar «cárteles que han operado impunemente durante años».

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Berenguer advirtió de que «no es posible acelerar la salida de la crisis si se relaja la aplicación de las normas de competencia».

«Sólo un aumento considerable de la presión competitiva en los mercados puede dinamizar un proceso de difusión de la innovación empresarial que respalde el crecimiento sostenido de la productividad que necesitamos para superar los problemas de endeudamiento y escasa competitividad de la economía», ha advertido.

Agencia única

En este sentido, abogó por que se empiece a «reflexionar» sobre la creación de una única agencia responsable de la liberalización de los mercados y de la competencia que aglutine las funciones de supervisión y de regulación sectorial que hoy en día pertenecen a otras comisiones reguladores, con una estructura que podría integrar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la nueva Comisión Nacional del Sector Postal.

El presidente de la CNC considera que el balance de este organismo en cuanto a la persecución de prácticas anticompetitivas y el de control de concentraciones es «bastante satisfactorio».

Así, ha remarcado que la CNC sigue con su actividad para promover la competencia con nuevos informes sobre las licitaciones del sector público, marcas blancas y distribución comercial y otro sobre el sector postal, que verán la luz en próximos meses.

No obstante, en lo referente a la promoción de la competencia asegura echar en falta un «marco institucional» que le respalde en su función de promover un sistema que elimine restricciones a la competencia, «especialmente necesarias en estos momentos».

«Recortes injustificados»

Berenguer indicó que la de este martes será previsiblemente su última comparecencia ante la Comisión de la Cámara Baja, ya que en septiembre finaliza su mandato al frente de la CNC, organismo que preside desde su creación.

Por este motivo, ha aprovechado su intervención para expresar una «cierta frustración creciente» por comprobar cómo algunos desarrollos legislativos que «atentan de forma injustificada y desproporcionada» contra la libre competencia.

Entre ellos, ha citado los «recortes injustificados» de Gobiernos autonómicos contra el desarrollo de la Directiva de Servicios, y ha pedido que la futura Ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno «ponga coto» a estas iniciativas.

No obstante, también ha criticado al Ejecutivo central por medidas como el decreto de ayudas al carbón e incluso a los grupos parlamentarios por la tramitación de normas como la Ley de Morosidad o la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, e incluso la de la Ley de Economía Sostenible.