Más de 300.000 personas (ya valoradas y reconocido su grado moderado de dependencia) tendrán que esperar hasta julio de 2015 para cobrar su prestación. Esta es la conclusión del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Consejo Territorial de Dependencia, que conlleva paralizar la implantación del SAAD durante tres años, según confirma CC.OO.

En la actualidad, el gasto social en dependencia supone el 0,5% del PIB, pero la actual situación económica ha llevado al Gobierno a tomar la decisión de paralizar la implantación del sistema. El sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo denuncia que con el Gobierno niega a las personas dependientes un derecho que tienen reconocido, al mismo tiempo que impide que se puedan crear 150.000 puestos de trabajo relacionados con la atención a personas dependientes.

A estos incumplimientos, la central sindical suma el incremento generalizado y regresivo del copago, una reducción del número de horas a dispensar por el servicio de ayuda a domicilio, además de disminuirse  las cuantías de las prestaciones económicas para el cuidado familiar y se endurecen indiscriminadamente los requisitos para acceder a ellas.

De esta forma, y tras los anuncios del Ejecutivo, se elevará el copago de todos los servicios hasta el 90% de su coste. En la actualidad el copago medio  en los servicios residenciales era del 80% y   en ningún caso superaba el 65% del coste en los servicios de proximidad. El precio de referencia sobre el que aplicar el copago podrá incrementarse por parte de las comunidades autónomas.

Ante estas decisiones políticas, CCOO rechaza por «excesivo y regresivo» el copago que se va imponer en dependencia. Es social y económicamente injusto, que rentas modestas se igualen con rentas y patrimonios altos a la hora de pagar el máximo establecido, es decir el 90% del coste de los servicios, precisa el sindicato en un comunicado.

Además denuncia por «inadmisible» que personas que dispongan de una  pensión de 600 euros y residan en una vivienda de su propiedad con un valor catastral medio, tengan que pagar por una plaza residencial un importe muy superior al monto de su propia pensión.

Por último, CCOO también subraya que se ha  incrementado y homogeneizado la cantidad mínima de copago que debe operar en el conjunto del Estado, pero cada comunidad autónoma podrá incrementar dicha cantidad; por tanto, es «falso»  el argumento de la igualdad que esgrime el Gobierno, máxime si además la regulación del copago a nivel estatal, no ha venido acompañada de la regulación de una cartera básica y común de las prestaciones garantizadas en cada servicio y para el conjunto del Estado.