El juez central de instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez, ha tomado declaración durante más de dos horas al ex directivo, imputado junto a otros cuatro miembros de la cúpula de la entidad de la comisión de delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas.
Sogorb ha asegurado –según las citadas fuentes– que Amorós era la «responsable» de la inicitiva que condujo en el año 2008 a la emisión de cuotas participativas y preferentes, que provocaron pérdidas a miles de clientes del banco.
El exdirectivo ha prestado declaración después de que también lo hiciera el exdirector general de recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol. Ambos han negado que tuvieran conocimiento o intervinieran de alguna forma en la concesión a la plataforma inmobiliaria Polaris World de un crédito sindicado por importe de 1.200 millones de euros.
Ambos imputados han hecho también referencia al intercambio entre los directivos de la entidad de varios mails relativos al informe negativo que la auditora PWC realizó sobre el funcionamiento de la entidad. Los correos electrónicos llevaban como asunto el término ‘confidencial’ e iban encabezados por el siguiente epígrafe: «Leer, Actuar y Destruir», han asegurado fuentes personadas en la causa.
Tanto Sogorb como Soriano han eludido responder a las preguntas realizadas por las partes relativas a las retribuciones millonarias cobradas por todos ellos y han alegado desconocimiento en relación a otros créditos concedidos por la entidad, como el cobrado por el PP valenciano.
Los dos imputados han sido los primeros en declarar en el marco de la investigación judicial. Este miércoles lo hará el expresidente del consejo de administración de la entidad financiera Modesto Crespo, seguido por el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que comparecerá el jueces y la directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, citada el viernes.
El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.
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