Ha sido una negociación dura en la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tenido que explicar al Eurogrupo y Ecofin hasta el último céntimo y medida tras medida del recorte (de 30.000 millones) que este miércoles dará a conocer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno extraordinario del Congreso. Pero tras largas horas de reunión, al final se consiguió conocer cómo se distribuirá el dinero del rescate a la banca española. Inicialmente serán 30.000 millones de euros y se podrá llegar hasta los 100.000 millones, dependiendo de las necesidades, y comenzarán a repartirse a finales del mes de julio. Por delante hay 18 meses para terminar de sanear todo el sistema financiero español.

Estas han sido, a grandes líneas, las características en que se destribuirá el préstamo concedido a España para recapitalizar su sector bancario, tanto en cantidades como en tiempo, según ha manifestado el titular de Economía español. El punto de partida de este reparto será finales de julio, con un primer tramo de 30.000 millones, según ha concretado de Guindos al término del Ecofin.

Incluso se conocen las entidades que primero recibirán esa ayuda y que no son otras que las nacionalizadas: Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. La idea ahora del Gobierno es «acelerar» el proceso de análisis de capital de las mismas para que una vez que se conozcan sus necesidades financieras reales «inyectarles el capital rapidísimamente». A cambio, las entidades beneficiadas con estas ayudas deberán elaborar sus planes de reestructuración, eliminando las «distorsiones» a la competencia que supondrá la ayuda, y poner los recursos de que dispongan al rescate.

Estas condiciones significan que aquellos que tengan, por ejemplo, instrumentos como las acciones preferentes deberán asumir las pérdidas. Y entre las condiciones también se encuentra limitar la retribución de sus directivos, tal y como existen en la legislación española, que el Gobierno ha fijado en 600.000 euros anuales como máximo.

A ello se suma que deberán crear sociedades de gestión para transferir los activos inmobiliarios problemáticos a «precios razonables». De esta forma se confirma definitivamente que no se creará un «banco malo» donde colocar todos estos activos. No obstante, en esta exigencia a las entidades intervenidas, el Gobierno todavía deberá decidir si cada entidad contará con su propia sociedad o se creará una única sociedad en la que se centralicen todos estos activos nocivos para sus balances. Y una vez «limpiados» sus activos tóxicos, estos bancos podrán emitir bonos que deberán contar primero con el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE).

Condiciones del rescate

De acuerdo con las precisiones del ministro de Economía, el rescate a la banca española se realizará através de bonos del fondo de rescate, con un vencimiento a 12 años y medio. Por su parte, el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) será el encargado de asignar las cantidades las cantidades pertinentes. Estos fondos podrán ser descontados en el BCE si necesitan liquidez. En cuanto al tipo de interés que se deberá pagar, De Guindos ha asegurado que será inferior al 3%.

Además, según figura en el memorandum de condiciones pactado este martes en el Ecofin, se obliga a todos los bancos españoles a reforzar su nivel de capital básico al 9%, un porcentaje que ya cumplen la mayoría de las entidades tras los dos planes de reestructuración aplicados por el Gobierno al sistema financiero.

Asimismo, el Ecofin ha apuntado como requisito imprescindible reforzar la transparencia, sobre todo de los gobiernos corporativos de las antiguas cajas de ahorros. Además de reforzar los mecanismos de liquidación bancaria, y de clarificar los poderes que tiene el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Tampoco se salva el Banco de España de las exigencias del Ecofin, que reclama que se refuerce su papel a fin de que sea más eficaz, potenciando los mecanismos no bancarios de financiación de la economía. En este apartado se incluirían instrumentos como el capital risego.

Y por lo que respecta al Gobierno español, también se le han impuesto «deberes». Según aparece en el memorandum, España tiene la «obligación» de cumplir las exigencias de recortes «impuestas» por el procedimiento ante su déficit público excesivo, además de las recomendaciones de la Comisión Europea, como subir el IVA o suprimer la desgravación por compra de vivienda habitual.

Eso sí, el Ecofin subraya en el memorandum con España que no habrá «ningún tipo de obligaciones adicionales». Dicho memorandum se firmará en la próximo reunión que celebre el Eurogrupo, el 20 de junio.

Nuevamente, este acuerdo ha tenido algún país detractor, como Finlandia, cuyo responsable de Economía y Finanzas ha pedido avales por su contribución al rescate del sistema financiero español, además de asegurar que no cubrirán el 100% que le corresponde, sino un porcentaje muy inferior. De Guindos ha explicado que tiene hasta el próximo 20 de junio para negociar con el Gobierno finlandés a fin de que su parlamento respalde la ayuda que dará a España.