Queda poco tiempo para cambiar aspectos relevantes de la nueva ley que regulará el sistema eléctrico, porque previsiblemente será estudiada en el Consejo de Ministros de este viernes,  pero  medios próximos a grandes empresas productivas, así como a otros clientes industriales y de servicios, estiman que con el sistema de fijación de precios que se incorporará en la normativa no van a ser los agentes más perjudicados por las reformas. Los mensajes que han recibido desde el Ministerio de Industria apuntan a que uno de los objetivos es evitar que el aumento de los costes eléctricos repercuta en la competitividad, interior y exterior, de las compañías ubicadas en España. Una meta que se intenta cuadrar con la necesidad de no crear agujeros adicionales a los más de 24.000 millones de euros del actual déficit tarifario.

Este tema va en unido a otro punto relevante y es la modificación del sistema para fijar la tarifa del último recurso (TUR) -que afecta a consumidores domésticos, algunas pequeñas y medianas empresas y organismos administrativos-. Los ténicos del ministerio que trabajan en esta prolífica norma prefieren una fórmula menos controvertida que la actual, que se basa en las subastas de electricidad entre las comercializadoras de último recurso (Cesur). Esas subastas establecen el término correspondiente a la energía y pesan casi un 50% dentro de las subidas (o, en su caso, bajadas) de la tarifa que ahora se revisa cada trimestre. El otro 50% corresponde a los peajes, que sufragan los costes regulados del sistema. El control de este último punto está más en manos del ministerio, y es el que además afecta a los clientes liberalizados.

Las fórmulas de revisión podrían sustentarse en parte en los futuros de la energía en los mercados internacionales lo que se decanta como un tema más neutral que el actual, que se uniría a nuevos impuestos para los consumidores y empresas; la recién anunciada alza del IVA es ya una realidad y también afectará a la electricidad. Otro impuesto energético será el llamado «céntimo verde», pero al parecer irá destinado a recortar el déficit público y no el tarifario.

Pero la legislación tendrá puntos igual de significativos, desde la fijación de tasas para la generación que se unirán a la reducción de la retribución a la distribución y a la remodelación de lo costes extrapeninsulares que de cara al futuro, pero no ni en este ni en el próximo año, pasarán a los Presupuestos del Estado.

En estas últimas etapas el mayor recelo parte de las eléctricas, que se van a enfrentar a un aumento de la tasa a la generación que no será igual para todas las centrales, previsiblemente mayor para las nucleares, pero que afectará a todas las generadoras. Sin embargo, el modelo final no se conoce con todos los detalles, mas la preocupación se refleja en todos los colectivos del sector. En este contexto, la Asociación Española Eólica (AEE) se posiciona ante las manifestaciones de hoy miércoles de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, que ha anunciado un nuevo “esquema de fiscalidad energética” para repartir entre “los diferentes sectores implicados” la solución al déficit de tarifa. La AEE advierte que una mayor presión fiscal al sector eólico pondría en riesgo la viabilidad de un gran número de parques y considera que cualquier nueva tasa tendría que cumplir la normativa europea en materia de fiscalidad energética y medioambiental y no debería ser discriminatoria.

Para las renovables otro tema relevante es la más que posible reducción de las primas que les permiten funcionar, pese a que los megavatios que generan puedan ser mucho más costosos que los delas centrales térmicas o hidráulicas.