De sobra sé que es incorrecto preguntar ¿qué quieren que yo les cuente que ustedes no sepan? Las noticias vuelan, sobre todo si son malas, si son recortes de sueldos y subida de impuestos. Eso es lo que anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno extraordinario para informar del consejo europeo de hace 15 días, en el que se decidió el “rescate bancario” de España poniendo sobre la mesa 100.000 millones de euros sin aumentar, en principio, la deuda pública del Estado. Esta no sería una mala noticia si los recursos a las entidades sirvieran para dar créditos y no sólo para cubrir sus agujeros y seguir comprando deuda pública. Como lo que natura no da el eurogrupo no presta, la mala noticia ex la exigencia de ese ajuste de 65.000 millones de euros en dos años que Bruselas ha impuesto al Gobierno y éste se dispone a trasladar a todos los ciudadanos a partir del próximo Consejo de Ministros y los siguientes.

De primeras, a todos los empleados públicos se les suprime la paga de navidad, se les mantiene el sueldo congelado, se les obliga a trabajar más horas para seguir reduciendo las plantillas, se les reducen los días de libre disposición, los famosos “moscosos”, se los reducen las horas sindicales –lo que, según Rajoy se llama “ajuste del número de liberados sindicales”– y se equiparan las condiciones por incapacidad temporal a las del resto de los trabajadores. Estas medidas –horarios y supresión de la paga extra– se aplicarán a los altos cargos de la administración central, autonómica y local, así como a los diputados y senadores.

Para primar la “austeridad”, el presidente anunció la reducción de un 30% del número de concejales y “una drástica disminución de las empresas públicas locales”. O sea, que para prestar los servicios, mejor las contratas, dice el Gobierno. ¿Qué se conseguirá con estos dos últimos anuncios? Los expertos afirman que entre poco y nada, pero por lo menos si algo funciona mal, no será responsabilidad directa de los munícipes sino de las contratas al menos coste con el mayor beneficio a cuenta de los salarios y los contratos precarios.

Pero “la madre de todos los ajustes”, como la calificó Josu Erkoreka (PNV) o el “ajuste duro”, más duro todavía, como le llamó Cayo Lara (IU), es la reducción de la prestación a los desempleados a partir del sexto mes cobrando el paro, “a ver si así se animan a buscar trabajo”, llegó a decir Rajoy. “Oiga, no insulte a los parados, que en España hay cinco millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran”, le replicó Alfredo Pérez Rubalcaba. En resumen, que a partir del sexto mes, la población del Inem con derecho a subsidio, en vez de cobrar entre 900 y 1000 euros mensuales (y sin pagas) que cobraban durante el primer año, van a cobrar 450 o 500 euros.

Para el conjunto de los trabajadores se acelera la aplicación de la jubilación a los 67 años “como factor de sostenibilidad del sistema de pensiones”, aunque, paralelamente, según Rajoy, se rebaja un punto en la cotización de los empresarios a la Seguridad Social, lo que significa que ingresará 3.000 millones de euros menos este año y entrará en déficit.

Pero el anuncio de mayor calado es la subida del tipo general del IVA, que aumenta tres puntos y pasa del 18 al 21%. El reducido pasará del 8 al 10%. Se mantiene en el 4% el superrreducido para los productos de primera necesidad. Súmese a ello la subida de la electricidad, de los impuestos especiales al tabaco, de las tasas universitarias, judiciales, el “medicamentazo” y un sin fin de flecos –entre los que Esperanza Aguirre incluyó, por ejemplo, el apagón del reloj de la Puerta del Sol ante la concentración minera del martes, pues, al parecer, los mineros no merecen ni la hora, sólo palos– y luego digan si a España no se le está poniendo cara de Grecia.