Horas antes de que el ministro Montoro pida a las comunidades autonómicas más esfuerzos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la línea que el miércoles anunció el presidente Rajoy, los partidos catalanes han conocido este jueves un documento de CiU en el que aspira a integrar a los socialistas al frente nacionalista a favor de un pacto fiscal. CiU defiende que en 32 años no ha resuelto el déficit fiscal anual equivalente, en opinión de la federación nacionalista, al 8% del PIB de la comunidad. El gobierno catalán propone un modelo propio, con el establecimiento de una cuota de retorno por los servicios que presta el Estado a Cataluña y que incorporaría la solidaridad con el resto de territorios, pero con limitaciones.

El PP catalán se niega a admitir esta propuesta, porque en opinión de Alicia Sánchez Camacho, su presidenta, supone “una adhesión sin posibilidad de negociación”. En este sentido, Sánchez Camacho amenaza con presentar su propia propuesta de pacto fiscal porque afirma que “no caerá en la trampa de votar un documento por partes, porque es una réplica del concierto vasco”. El PP se reserva, por tanto, la posibilidad de presentar su propia propuesta en Cataluña para que sea votada por otras fuerzas políticas, aunque no logre la mayoría.

CiU no se mueve de su posición

Pero el presidente Mas defiende que la negociación, emprendida este jueves y con sólo doce días para llegar al pleno monográfico del Parlament con una propuesta consensuada, pivote sobre la propuesta presentada por CiU. En el nuevo movimiento de ficha nacionalista, que se produce a las 24 horas de las duras medidas de austeridad anunciadas por Mariano Rajoy, el gobierno catalán se propone ampliar el consenso para incluir el PSC, y a ser posible el PP, pero Alicia Sánchez Camacho se siente incómoda con el documento, porque CiU no se mueve de su posición y amenaza con presentar un modelo propio antes del 25 de julio. El documento incluye la propuesta del PSC de que haya representantes del Estado en la agencia catalana y que la mayor recaudación de impuestos que se logre se dedique a prestaciones y servicios sociales.

No obstante, el líder del PSC, Pere Navarro, ha criticado que el documento de la Generalitat llegue doce días antes del pleno parlamento, pero sigue ofreciendo su mano extendida para llegar acuerdos con el resto de partidos catalanes. El PSC ve con buenos ojos una agencia catalana que mantenga la comunicación con el Estado, que sea consorciada con la española, pero presidida por un catalán.

Cuota de retorno y solidaridad

Con el documento presentado, Mas toma la iniciativa de las negociaciones. El borrador, que consta de cinco puntos desarrollados en dos folios, arranca con un reconocimiento a las conclusiones del pacto fiscal aprobadas en comisión parlamentaria el año pasado por CiU, ICV-EUiA y ERC. En base a estas conclusiones, se emplaza al gobierno catalán a negociar un modelo que prevea que «la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos estatales soportados en Cataluña» correspondan a la Agencia Tributaria catalana.

Esta hacienda catalana, según la propuesta de CiU, debería «disponer de plena capacidad y atribuciones para la organización y el ejercicio de las funciones propias de la gestión tributaria», si bien podría «colaborar y suscribir convenios» con la Agencia Tributaria estatal. Mas mantiene así su apuesta por una hacienda propia, con una ligera aproximación al PSC, que defiende un consorcio con el Estado. La Generalitat dispondría, según propone el gobierno de Mas, de «capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña».

Déficit fiscal del 8% del PIB catalán

Otro aspecto clave se refiere a la «cuota de retorno» para pagar al Estado los servicios que presta en Cataluña, así como en concepto de solidaridad interterritorial, una cuota que sería revisable cada cinco años y acordada bilateralmente por ambas partes, si bien se establecerían ciertos límites a esa aportación solidaria. El documento no fija un tope concreto, pero CiU defiende hasta ahora que el déficit fiscal no debería superar el 4% del PIB de Cataluña. No obstante, subraya que Cataluña no puede perder posiciones en el ránking autonómico de capacidad fiscal, lo que supone respetar escrupulosamente el principio de ordinalidad, además de la condición de que su solidaridad debe destinarse en las comunidades receptoras a «las políticas más básicas» de bienestar.

El texto constata que los sucesivos sistemas de financiación en 32 años no han servido para reducir sensiblemente el déficit fiscal anual que CiU calcula en el «8% del PIB catalán», lo que supone un drenaje de «289.724 millones de euros» entre 1986 y 2009, agravado por lo que la Generalitat considera una «sistemática falta de lealtad institucional» del Estado y el impago de sus deudas. En otro punto de la propuesta se insta al gobierno catalán a iniciar la negociación del pacto fiscal con el Gobierno central dentro de este mismo año, sin fijar un límite en el tiempo para las conversaciones, y se propone crear un «grupo de trabajo con capacidad decisoria» para que los partidos que den «pleno apoyo» al modelo hagan un seguimiento del proceso negociador que liderará Mas.

Josep Antoni Duran, secretario general de CIU, ha defendido que el documento presentado por su formación “no pide la adhesión, porque está abierto a enmiendas”, pero queda claro que la formación nacionalista quiere una agencia tributaria propia, con el control de la llave. En este punto existe una diferencia con el PSC, ya que los socialistas quieren que la agencia tributaria catalana sea mixta, es decir, un consorcio formado con el Estado, aunque su presidente sea catalán. Duran reconoce diferencias con los socialistas sobre la composición de esta agencia, pero asegura que la otra condición del PSC, consistente en asegurar la solidaridad catalana con el resto de territorios españoles, queda reflejada.

¿Dentro o fuera de la LOFCA?

El programa «Ágora» de TV3 emitió previamente a la cumbre de hoy un debate monográfico sobre el pacto fiscal que ha girado en torno a los puntos de acuerdo entre todos los partidos y el calendario a seguir. En este sentido, Jordi Turull (CiU) ha remarcado que «el pacto fiscal es tener la llave de la caja, negociar con el Estado bilateralmente”. La LOFCA, en opinión del representante convergente, lo que tiene que hacer es “añadir Cataluña allí donde dice a excepción del País Vasco».

Rocío Martínez-Sampere (PSC) ha respondido a CiU que «todos estamos dentro de la LOFCA, pero lo que los socialistas queremos es un modelo propio y bilateral para Cataluña». En este punto, Enric Millo (PP) ha remarcado que los populares apuestan «por continuar dentro de la LOFCA, pero con un modelo singular y propio para Cataluña».

ERC e ICV han asegurado que ellos no serán «obstáculo para el pacto fiscal», aunque han insistido en que el modelo debe ser el del concierto económico que ya ostentan vascos y navarros: «Para nosotros el pacto fiscal significa concierto económico, fuera del régimen común. Queremos no sólo tener la llave de la caja, sino también la caja». Camats (ICV) dijo que apuestan «por un concierto económico solidario» y que están convencidos «de que hay suficiente margen para lograr un acuerdo de la mayoría de partidos».

Rivera (Ciutadans) ha cuestionado la oportunidad del debate: «¿Ustedes son conscientes de que esto se debe hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Que hay que hablar dentro de la LOFCA? ¿O es que viven en Matrix?». Uriel Bertran (Solidaritat per la Independencia) ha rechazado el debate porque considera que «el Estatuto de 2005 ya decía que Cataluña recaudaría y gestionaría todos los impuestos, y ¿cómo acabó? Recortado por el Congreso y anulado por el TC. Por eso apostamos por el Estado propio». Laporta también se ha unido a la apuesta por el Estado propio, aunque dice que «si el gobierno quiere intentar negociar el pacto fiscal, hay que intentar».