Tal fue el acaloramiento que suscitó la primera comparecencia del nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ante la comisión correspondiente del Congreso que su presidente, Juan Barranco, tuvo que pedir al portavoz del PP, José Ignacio Echaniz, que hiciera el favor de no interrumpir al ministro y a la socialista Isabel López y Chamosa que no se enzarzara con Echaniz. Como no le hacían caso, Barranco se puso serio: “El que interrumpa, será expulsado”. Volvió la calma, pero a los pocos minutos el presidente se vio obligado a intervenir de nuevo para poner orden: “Les ruego que no se inflamen demasiado”.

Y es que la política social, el desempleo, la profundización en la reforma laboral y la modificación del sistema de pensiones son asuntos divisorios entre los socialistas y los conservadores. El ministro fue esquemático en los planteamientos ya conocidos de impulsar la modificación del sistema de negociación colectiva, reformar las políticas activas de empleo, desarrollar la ley de inmigración y transformar el sistema de pensiones. “Demasiadas materias para tan poco tiempo”, le dijo Carles Campuzano, de CiU. “Su agenda sería más propia de un inicio y no de un final de legislatura”. El ministro admitió que “en la primera parte de la legislatura se ha dialogado más y decidido menos” y ahora toca “diálogo con decisión” y “gobernar sin aplazar”.

Tanto el portavoz de CiU como el del PNV, Emilio Olabarría, manifestaron la disposición a colaborar en la reforma de las pensiones, materia sobre la que este miércoles se verán las caras de nuevo con el ministro. Olabarría deploró el estancamiento de la comisión del Pacto de Toledo. “Llevamos dos meses de especulación metafísica sobre si los complementos a mínimos deben pagarse con los impuestos y sobre si la pensión es compatible con el trabajo a tiempo parcial; de ahí no hemos pasado”. El ministro se limitó a enunciar los tres retos: las prejubilaciones, el cómputo del conjunto o de la mayor parte del periodo de cotización para el pago de la pensión y la prolongación hasta los 67 años de la vida laboral.

Lo que más acaloró al portavoz socialista Jesús Membrado y llevó al propio ministro a destacar la “hipocresía” de los conservadores fue la falta de propuestas y de colaboración del PP. “Nosotros hacemos y ustedes predican”, reprochó Gómez a Echaniz y a su compañero Rafael Hernando, quien abogó por “limitar el arraigo de los inmigrantes” y echar mano de los padrones municipales para expulsarlos porque “la fiesta se acabó”. El buen resultado del PP en los comicios catalanes tras su campaña contra la inmigración sobrevoló el debate.

En su réplica, el ministro constató que “tenemos menos parados en el registro que en la encuesta de población activa porque los inmigrantes no se inscriben” y avanzó que “el registro en los servicios de empleo será una línea básica del reglamento de la Ley de Extranjería para impedir la irregularidad sobrevenida”. A Gómez no le importa que con ello se incremente el paro registrado y la cifra de personas que buscan empleo –se estima que hay 500.000 inmigrantes sin empleo, no registrados–. “Lo que queremos es que los datos reflejen la realidad”, dijo.

Gómez anunció que la ayuda a los parados que hayan agotado el subsidio, o Prodi, será sustituida por un programa de política activa, formación y ayuda. “Si logramos formar a medio millón de desempleados al año, no es poco: habremos duplicado la formación existente”. También anunció la modificación del sistema de bonificaciones para estimular el empleo –que no ha funcionado, reconoció– para que las ayudas vayan a la contratación de jóvenes de menos de 30 años y de mayores de 45 que sean parados de larga duración. En una segunda fase, esas bonificaciones –unos 3.000 millones de euros– irán a fomentar el contrato fijo.

El ministro, que se pronunció en contra del modelo inglés de reducir el empleo público para contener el déficit, mantuvo que el sistema de formación continua no va a cambiar y las bonificaciones seguirán creciendo, pero se mostró abierto a la participación de todas las autonomías en las políticas activas de empleo y lamentó que a la CEOE no le guste que se destinen más recursos a la formación de desempleados.

Ya sobre la reforma laboral aclaró que el Gobierno quiere revisar con los interlocutores sociales la aplicación del “despido preventivo” (cuando haya pérdidas o previsión de pérdidas) y la “extensión” del Fogasa a los trabajadores, de acuerdo con el “modelo austriaco”.

Como se ve, la primera comparecencia de Gómez, que duró cuatro horas, estuvo plagada de “letra pequeña”, que es la que importa a los trabajadores, y permitió al ministro explicar a Gaspar llamazares que la reunión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con los 37 empresarios y banqueros, el sábado en la Moncloa, obedecía a una convocatoria anterior a la “carta golpista”, como la calificó Llamazares, que algunos de ellos entregaron al rey Juan Carlos con críticas al Ejecutivo.