El Ministerio de Fomento quiere adelantar la privatización de Renfe que, junto a la de ADIF (gestor de las infraestructuras ferroviarias), es una de las operaciones más importantes que tiene en cartera para lograr liquidez. El departamento que dirige Ana Pastor convocó el viernes a los sindicatos para explicarles su proyecto: realizar la colocación de parte de estas compañías y activos estratégicos el próximo año, por lo que el terreno comenzaría a prepararse después de las cortas vacaciones de verano que esperan al Ejecutivo. De ser así, las privatizaciones de esas dos sociedades se realizarían en el entorno de un año antes de lo previsto, ya que la fecha hasta ahora establecida era 2014.

La idea transmitida a los sindicatos es que Renfe se divida en cuatro sociedades, que corresponden a cada una de las áreas de actividad de la sociedad: mercancias, viajeros, material rodante y mantenimiento. No obstante, esta organización interna no es obstáculo para que los negocios a ofrecer a otras empresas se ajusten exactamente a esas divisiones.

Medios consultados señalan que, así como mercancias es un área por la que se ha interesado en los últimos años varios gestores de infraestructuras, ya que consideran que tiene una gran potencialidad, el atractivo por la de pasajeros es más selectivo. En otras palabras, gran parte de las líneas de Renfe no se califican como rentables por las obligaciones de prestación de servicios y tarifas actuales. Cambiar la situación requeriría de complejas negociaciones con las Administraciones, señalan fuentes empresariales que están pendientes de este proceso. Por el contrario, la alta velocidad sí despierta el interés de compañías privadas y de fondos de infraestructuras que buscan activos en donde asegurar ingresos a sus inversores.

Fuentes sindicales aseguran que el Ejecutivo tiene previsto abordar estas operaciones en un inminente consejo de ministros. Fomento justifica esta estrategia por la «necesidad de liberalizar el servicio de trasporte» y porque el dinero recaudado puede servir a impulsar otros proyectos, además de reducir el déficit. La parte negativa es que la reducción del consumo se puede traducir es una caída de la valoración de los activos.