YPF ha celebrado este martes su primera junta de accionistas tras el nombramiento del nuevo consejo y dirección de la compañía después de la expropiación del 51% del capital propiedad de Repsol. Como era previsible la asamblea ha servido para que el grupo español, que cuenta con el 12% de las acciones y un representante en el consejo de YPF, desplegara sus argumentos legales y financieros para mostrar su posición por los efectos de la incautación aprobada en abril. Un amplio equipo de abogados ha apoyado al consejero de Repsol ya que la etapa abierta desde hace varias semanas tiene un marcado carácter jurídico.

Tras señalar no reconocer ni la propiedad ni la legalidad del actual gobierno de YPF, el equipo de Repsol ha cuestionado datos aportados y ha denunciado «la falta de información a los accionistas y a los mercados», lo que conlleva el incumplimiento de las obligaciones fijadas por la SEC (organismo de supervisión de la Bolsa de Nueva York).  No obstante en la reunión -que estaba encabezada por el titular de YPF, Miguel Galuccio, y el secretario de Política Económica, Axel Kiciloff, en representación del Estado- se ha aprobado el balance de YPF de 2011.

Otro tema central de la junta era el destino de los cerca de 5.800 millones de pesos (unos 1.280 millones de dólares) de beneficios que obtuvo la compañía el pasado año, que la actual dirección ha querido que fueran a reservas. Repsol, por el contrario,  ha defendido el pago de dividendos.

A la asamblea han asistido también representantes del banco brasileño Itaú, que tiene el 3,6% de YPF,  y de Inbursa, grupo de empresas del magnate mexicano Carlos Slim, que tiene el 8,3 % de YPF. La dirección ha reiterado que necesita de capital extranjero para desarrollar los planes que permitan elevar la producción de la compañía andina, y que busca socios en diversas áreas del mundo, como Estados Unidos