Puede ser en un doces meses o en tres años, pero la visión generalizada del mercado es que ACS saldrá del capital de Iberdrola. Es una opinión sustentada en la operación anunciada la pasada semana por la que el grupo que preside Florentino Pérez alcanzó un acuerdo con los 27 bancos con los que tenía suscrito un crédito sindicado de 1.600 millones de euros -vinculado a la compra del 8,27% de Iberdrola-, y que se ha transformado en un acuerdo financiero con Société Générale (SG).

La naturaleza del pacto con el banco francés es el aspecto más relevante para llegar a la conclusión que ACS está de retirada.  El sistema establecido es un prepaid future (venta futura), que permite entre otros temas a la entidad financiera vender acciones de la eléctrica si cuando alcance una determinada cotización la transacción le resulta rentable, aunque la constructora tendría opción a comprar en función de las condiciones fijadas. Además Société se queda con los derechos políticos como aclaró ACS en el último comunicado a la CNMV.

En esta línea desde Espirito Santo se señala que la transacción es más una venta a futuro que una refinanciación, por lo que puede interpretarse como un paso de ACS dentro de un proceso  de venta de su participación total. Una postura compartida por Deutsche Bank, que la considera una compleja operación financiera que ha sido la alternativa elegida en lugar de una colocación en el mercado ya que habrá implicado pérdidas de capital este año. Su informe lo titula «Segundo para la salida de Iberdrola».

Los expertos se refieren, asimismo, a la escasa información facilitada, aunque se interpreta en general que el grupo renuncia a los derechos económicos sobre el 8,25% del capital. Sabadell calcula que  podría dejar de recibir unos 85 millones de euros, suponiendo un dividendo por acción de 0,175 euros por título. También se estima que tendrá que acordar con su auditora Deloitte el mecanismo de tratamiento de las minusvalías. ACS ha colocado las acciones a 3,25 euros y las tiene valoradas a 7,1 euros. No obstante, con esta trnsacción consigue rebajar deuda y obtiene caja por unos 350 millones de euros, aunque el coste de la operación asciende a 250 millones, según las mismas fuentes. Otra parte positiva es que se libra de la obligación de aportar garantías como le ocurría con el crédito que lideraba BBVA . Para Inverseguros el acuerdo con SG cambia el mapa accionarial de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.

El punto de inflexión de la estrategia de ACS de hacerse con Iberdrola tuvo lugar en abril cuando se vio obligada a desprenderse de un 3,7% de la eléctrica con minusvalías. A partir de ahí aumentó la presión de la banca acreedora. La constructora mantiene un 6,6% de la energética a través de derivados suscritos con Natixis. Por esta participación tendrá que seguir aportando garantías del orden de 9 millones de euros por cada punto de caída de la cotización.

Aunque SG se ha convertido en el primer accionista de Iberdrola no parece, según los expertos, que su interés sea liderar o beneficiarse de una eventual operación corporativa. El 8% no es un paquete de control ni aporta derechos especiales y menos con la actual norma que permite mantener los blindajes y limita el derecho de voto de los accionistas al 10%. Sólo una opa exitosa (más del 75% del capital) podría cambiar la situación.