La sesión de control en el Parlament se inició con un duro enfrentamientamiento –últimamente bastante habitual, entre la presidenta del PP catalán y el de la Generalitat. Acusaciones de doble lenguaje por una parte y de deslealtad por otra y apelaciones al sentido de estado de todos. En fin, más de lo mismo como preámbulo al pleno de la semana que viene donde se debatirá una propuesta para negociar con Madrid el pacto fiscal.

Artur Mas cuenta con la mayoría suficiente (con los votos de ERC e IC) para que prospere su propuestas y es más que problemático que a la iniciativa se sume el PSC y menos aún el PP. Estos presentarán su propia propuesta, dado que si en algo hay unanimidad en la Cámara es el la insuficiencia financiera de Catalunya. A partir de aquí los fondos de solidaridad y el tener “la llave de la caja” enfrenta a los partidos estatales de las fuerzas catalanista.

El president –que apela una y otra vez que su propuesta cuente con el máximo respaldo posible, es consciente que su victoria en el Parlament puede convertirse en pírrica. Si en tiempos de bonanza ya era difícil este radical cambio en el sistema de financiación catalana y que Madrid admitiera un régimen similar al vasco, bien dentro de la Lofca o fuera de ella, con la actual situación económica la resolución satisfactoria para la aspiración del 76% de los catalanes (Mas dixit) es más que problemática, dado que las matemáticas del Congreso no son las mismas que las del Parlament y previsiblemente la propuesta contará con la oposición tanto del PP como del PSOE.

Artur Mas asegura que no se puede adelantar el resultado de esta negociación y niega tener un plan B, pero ya ha insinuado que si Madrid veta estas aspiraciones puede estrenar la ley de consultas populares para obtener un resultado contundente en las urnas y si el Gobierno central veta este referéndum convocar elecciones.

El problema es política y Artur Mas lo lleva a este campo. Si el president fue el primer en aplicar una drástica política de recortes y en reclamar que Madrid tomara medidas similares, ante la pasividad del gobierno central que hablaba de brotes verdes, después hábilmente justifica estos recortes ante la sociedad catalana por los compromisos económicos incumplidos por el Gobierno fiscal y el déficit fiscal entre lo que Catalunya aporta al Estado y lo que recibe. Ello ha desviado buena parte de la ira de los catalanes por su pérdida de buena parte del estado de bienestar hacia el Gobierno central, al que responsabiliiza de todos los males que padecen los catalanes. A ello se une la falta de discurso de los socialistas tras sus reveses electorales y su cambio de dirección y el recelo con el que una amplia mayoría de la sociedad ve al PP por sus tesis anticatalanas (y la postura sobre la lengua en el gobierno balear y la falta de entendimiento con la Comunidad Valenciana en estos temas sólo sirve para acentuar esta sensación).

En este contexto Artur Mas no duda en asegurar que si fracasa la negociación lo que le preocupa es “el día siguiente”, y recuerda que Catalunya salió a la calle masivamente tras los recortes del Tribunal Constitucional al Estatut. Paralelamente el sentimiento independentista cada día gana más adeptos, incluso en sectores que hasta hace poco estaban muy alejados de estas tesis. Sectores de CiU cada día reclaman con mayor insistencia una ruptura pactada y no digamos la militancia de ERC. Mientras se van quemando etapas, va empezando a ser hora de la “política fina” que permita reconducir la situación, pero ello no se produce si el “ordeno y mando” que aseguran que trató de imponer el ministro de Economía en su reunión con los representantes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el estilo que practica el Gobierno.

Ley de Dación

En este contexto el Parlament debatió y aprobó este miércoles una ley que permite la dación en pago de las hipotecas. El título es “medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar” y que será remitida al Congreso para su tramitación El texto pretende resolver el sobreendeudamiento personal y familiar y pretende corregir el vacío legal en torno al concepto de dación como pago. Así el articulado contempla medidas preventivas en las que el juez pueda suspender el pago de una hipoteca cuando la entidad financiera la conceda a personas que entran en situación de sobreendeudamiento y por otra contempla la dación como pago de la deuda. En este supuesto también contempla que la familia pueda permanecer en la vivienda confiscada en régimen de alquiler. En consecuencia el texto promueve la modificación de varias leyes, como la Hipotecaria y la de Enjuiciamiento civil.

Caso Millet y CDC

El juez que investiga el Caso Millet ha declarado a CDC responsable civil a título lucrativo de la expoliación del Palua y le ha exigido una fianza de 3,2 millones, que es la cantidad con la que supuestamente se benefició este partido. El plazo para depositar la fianza termina este jueves y si no lo realiza el auto judicial le avisa que procederán a embargar los bienes del partido hasta cubrir el importe de la fianza.