A Rodolfo Serrano

El tema no se mide en la distancia entre el pataleo y el recorte. En primer lugar, porque no se trata de un mero pataleo, sino de una protesta contrastada ante el abuso de confianza o el timo de unas gentes que andan gestionando nuestra representación política. Cuando la ciudadanía entiende que la gestión no se está llevando a cabo con la debida diligencia, o que no se está atendiendo a las necesidades reales de la gente, surge la manifestación como único sistema, en una democracia demasiado imperfecta para los tiempos que corren, de poner coto o veto, más emocional o ético que real, a la actuación de unos gobernantes que parecen actuar más por mandato divino que por mandato de representación. Que el poder les viene impuesto por nuestra soberanía debería llamarles a una reflexión más seria si todo el mundo coge la calle por bandera única, pero notablemente airada, ante las medidas imperantes, acertadas o no. Sin embargo, da la sensación de que este Gobierno, con la premisa de que “yo hago lo que me mandan hacer, no lo que quería hacer” o “a veces hay que elegir entre lo malo y lo peor” o “es cierto que yo prometí que no haría esto ni aquello, pero no me ha quedado más remedio que hacerlo”, se siente legitimado más por mandato divino que por el contrato de confianza pública, ciudadana, que supone la asunción ejecutiva de la soberanía nacional.

El tema no se mide en la distancia entre el pataleo y el recorte. En segundo lugar, porque esto no se trata de un recorte, sino del desmantelamiento del Estado del bienestar, el sistema de convivencia con garantías jurídicas y sociales del que este mismo Gobierno, para empezar, debiera ser garante. Si verdaderamente no quedara otra opción que hacer lo que se hace, y únicamente de la manera en que se hace, no habría mucho que objetar. Pero este Gobierno parece actuar, en la mayoría de los casos, con una especie de aturdimiento sonámbulo más propio de quien reproduce los diálogos del apuntador que de quien es capaz de escribir sus propias escenas. No se ha explicado a la ciudadanía lo que se hace, ni por qué se hace. No se han contrastado estas medidas con otras menos dañinas para nuestro sistema de garantías sociales ni se han escuchado a los interlocutores, tanto en la reforma laboral como en cualquier otra. No se han impuesto los mecanismos para atajar de una vez la corrupción, que es nuestro mayor déficit, con un control interno de las instituciones. Se ha ido contra la Sanidad y la Educación, contra los maestros y los médicos, en lugar de recortar la infinidad de duplicidades institucionales y la irrealidad de demasiados sueldos políticos. Se ha premiado a los bancos, que nos han traído aquí, con nuestros fondos públicos, y se ha declarado la amnistía fiscal para todo aquel que defraudara a Hacienda, que también es robar en la caja de todos. En esta coyuntura, no se trata de derecho al pataleo, como escucho en la radio esta mañana, sino de mantener viva, en lo que aún valga, nuestra dignidad pública.