La Generalitat pone números a las cuentas del déficit

20/07/2012

Josep M. Orta. La Generalitat está muy molesta por que el peso de la gran presión del Gobierno central sobre las autonomías y reclama que las medidas de ajuste se repartan equitativamente entre todas las autonomías.

La Generalitat ha distribuido una nota de prensa en la que titula “la deslealtad institucional del Estado español en cifras” y en el mismo detalla que mientras la deuda del Estado es del 76% la de las comunidades autónomas se reduce al 18% , que el déficit estatal se eleva al 60% mientras que el autonómico es del 35% y que los gastos del Estado representa el 52% y el de las autonomías es del 31%. Ante ello el gobierno distribuye el ajuste presupuestario asumiendo el Estado el 31%y cargando sobre las autonomías el 64%

Tras ofrecer estas cifras , recuerda que la Generalitat se ha mostrado desde el primer momento dispuesta a cumplir la gravedad de la situación y ha adoptado extraordinarias medidas de ajuste, por lo que reclama la misma corresponsabilidad al Gobierno en este proceso.

Asegura el comunicado que el reparto que el Gobierno central hace de este déficit “no se hace de forma que corresponda con la estructura del Estado, integrado por una administración central, un sistema autonómico y una administración central”. Para la Generalitat el Gobierno central “impone una distribución injusta del esfuerzo que han de asumir las comunidades autónomas, que redunda directamente en el estado del bienestar, dado que son estas comunidades las que tienen a su cargo las políticas de salud, enseñanza, servicios sociales, entre otras competencias”.

Acto seguido concluye que la tensión entre las dos administraciones del Estado se agrava cuando las autoridades europeas flexibilizan los objetivos del déficit del Estado y éste se niega a compartir esta relajación con las comunidades autónomas, “La falta de corresponsabilidad del Gobierno y su deslealtad se pone de manifiesto cuando pide a las comunidades que hagan el doble de ajustes que les corresponde mientras el Gobierno central sólo hace la mitad.

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