Pocas vacaciones van a tener los responsables del Ministerio de Economía. El Mecanismo de Apoyo al Sistema Financiero, la pomposa denominación para evitar utilizar el término “rescate” a la banca española, obliga a todas las entidades financieras que reciban ayudas públicas a transferir todos sus activos problemáticos a una sociedad de gestión, concepto elegido para eludir el de banco ‘malo’. Y eso significa tener cuanto antes las normas que regularán esa sociedad. El ministerio que dirige Luis de Guindos quiere tener listo para finales de agosto el borrador del reglamento que regulará la sociedad de gestión de activos. Para el año que viene queda un decreto ley sobre las provisiones de la banca, que pretende, tras un análisis de las exigencias que actualmente sufre el sector, “volver a la normalidad tras un período extraordinario” de dotaciones.

El Memorándum, que “no habla de liquidación”, señala que si una entidad financiera no es viable, hay que sanearla. Para facilitar ese saneamiento, se pasan los activos problemáticos a la sociedad de gestión. Tras la limpieza, se sacará el banco al mercado para que encuentre un comprador. La sociedad de gestión de activos será obligatoria para todas las entidades que reciban ayudas públicas, sean finalmente viables o no.

Esa sociedad valorará los activos que reciba de los bancos, vía Frob, con un criterio de proyección a medio y largo plazo, “por lo que su valor no tiene por qué ser el del mercado ahora”. El Frob comprará los activos al precio que consideren los evaluadores externos y que apruebe la Comisión Europea. Además, las provisiones realizadas por la banca va a permitir una reducción en el precio de los activos, explican en Economía.

El banco ‘malo’ (perdón, la sociedad de gestión de activos) tendrá hasta diez años para vender los activos que reciba de las entidades, ya que el objetivo es “maximizar su valor a medio y largo plazo”, por lo que elude la presión del corto plazo. Para ello, se financiará a muy largo plazo mediante emisiones de deuda que se podrán descontar ante el Banco Central Europeo.

La sociedad que se quede con los activos problemáticos de la banca tendrá una gestión autónoma. Los bancos que transfieran activos estarán en el capital, pero nunca podrán tener una participación de control. Tampoco el Frob. Y serán “bienvenidos” accionistas ajenos, como fondos y otros inversores institucionales.

Accionistas pagarán la factura

El rescate de la banca española impone un plan de reestructuración a las entidades que reciban ayudas públicas, con desinversiones, cierre de sucursales, limitaciones en el dividendo. Y contempla que los accionistas paguen parte de la factura, aunque “el reparto de la carga” (otro eufemismo para no hablar de quita) se decidirá “caso por caso”. Lo que está claro es el orden: primero, los accionistas; después, los productos más cercanos a las acciones; y en tercer lugar, la deuda subordinada.

También hay condiciones para todo el sector, aunque no reciba dinero público: ratio de capital del 9%, refuerzo de los mecanismos de supervisión del Banco de España (que requerirá desarrollo legislativo), una normativa sobre mecanismos de resolución de crisis bancarias, y otra que reforme el Fondo de Garantía de Depósitos. Las cajas deberán asumir “una eventual pérdida de control” sobre sus bancos, según “la propuesta unánime de todas las instituciones no españolas” que participan en el rescate, pero esa exigencia “no será a corto plazo”.

Protagonismo del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) facilitará asesoramiento «independiente«, bajo la forma de «asistencia técnica«, a España dentro de su programa para la recapitalización del sector financiero y presentará informes trimestrales sobre éste. Pero el FMI no es parte del Memorándum, ni responsable de la condicionalidad o implementación del mismo, aunque sus informes de seguimiento pueden ser usados por las autoridades españolas y por la Comisión Europea.

El seguimiento del FMI se hará sobre el conjunto del sector financiero español y no sobre los planes de entidades individuales. El Memorándum obliga al Gobierno y al Banco de España a proporcionar al FMI, bajo estricta confidencialidad, toda la información necesaria para que lleve a cabo sus funciones de seguimiento. Pero esos datos confidenciales de entidades individuales no se incluirán en los informes.