El proceso de bancarización de las cajas de ahorro y, sobre todo, el dogma de que el retorno al accionista tiene que ser forzosamente uno de los objetivos principales de una entidad financiera, pueden provocar el cierre de sucursales poco rentables. Y por tanto incrementar el riesgo de exclusión financiera. Según datos facilitados por el sindicato UGT, hay 3.934 municipios en los que no hay oficinas de entidades financieras (ni bancos ni cajas de ahorros), lo que supone que 1,2 millones de españoles no tienen acceso directo al sistema bancario, Y hay 2.656 localidades de menos de 5.000 habitantes, que suman 4,79 millones de ciudadanos, en los que solamente están presentes las cajas. La conclusión es obvia, no hay más que sumar 1,2 millones de españoles que ya carecen de sucursal y los 4,79 millones amenazados de quedarse sin ella para destacar que seis millones de ciudadanos, el 12,68% de la población total, se encuentran en situación de exclusión financiera.

UGT define ésta como la “condición que presentan determinados individuos o colectivos desfavorecidos para los que su situación económica o social les genera una incapacidad o dificultad para poder acceder a la adquisición y contratación de los productos y servicios comercializados por los diferentes intermediarios financieros”. El sindicato, que resalta que “la exclusión financiera no sólo es el resultado de la exclusión social, también es una causa”, menciona expresamente a “los estratos de renta más baja, trabajadores a tiempo parcial, desempleados, mujeres, los que presentan un determinado nivel de discapacidad, pensionistas, estudiantes y familias monoparentales”.

“Históricamente, en España han sido las cajas de ahorros las que han rescatado de la exclusión financiera a muchos particulares, demostrando la vocación social con la que fueron creadas”, señala un análisis de UGT sobre el proceso de restructuración y de bancarización de estas entidades. Al mismo tiempo, el sindicato destaca que las cajas “siempre han mantenido una filosofía de proximidad al cliente y de impulso al desarrollo económico regional, garantizando la accesibilidad a los servicios financieros a todas las áreas geográficas” y además “siempre han jugado un papel muy importante para ayudar a la cohesión social en el ámbito geográfico en que estaban implantadas, permitiendo el acceso a los servicios financieros a la población residente, fundamentalmente, en los municipios rurales”.

El problema es que el proceso de reestructuración del sector financiero ha supuesto el cierre masivo de sucursales y, sobre todo, la desaparición de entidades o su integración dentro de otros grupos, “que no tiene por qué garantizar su presencia en los municipios más pequeños, por un puro criterio de rentabilidad económica”. Para UGT, este proceso “desembocará en un oligopolio bancario, donde un grupo muy reducido de grandes entidades tendrá como único objetivo la obtención del beneficio y la rentabilidad para sus accionistas, mientras que se incrementará el precio de los servicios para los ciudadanos, incidiendo aún más en proceso de exclusión social y, por ende, financiera”.

El 27% de la red, en pueblos de menos de 10.000 habitantes

Los datos de UGT muestran que el 27% de las sucursales de cajas se localizaban en municipios de menos de 10.000 habitantes. De un total de 8.114 pueblos, 4.180 están cubiertos con oficinas de cajas, y 3.934 carecen de sucursales. Para el sindicato, es en los municipios de menos de 5.000 habitantes, en los que sólo hay presencia de cajas (2.2656 localidades, que suman una población de 4,79 millones de ciudadanos), “donde el riesgo de exclusión financiera es mayor, porque no se consideran como municipios rentables para los bancos privados”.

Estas sucursales, además, dan servicio a poblaciones cercanas que no tienen oficina bancaria (3.978, que agrupan a 1,2 ciudadanos).